La expansión de la minería en tierras indígenas: una política de tierra arrasada
Por Luis Ventura Fernández – CIMI Norte
“Nosotros, los yanomami, tenemos otras riquezas que nos dejaron nuestros antepasados y que ustedes, los blancos, no pueden ver: la tierra que nos da la vida, el agua limpia que bebemos, nuestros hijos felices ¿Ustedes, los blancos, creen que somos pájaros o agutíes para darnos el derecho de comer la fruta que crece en nuestra tierra? No pensamos las cosas de forma dividida, sino que pensamos en nuestra tierra-bosque como un todo. Si ustedes, los blancos, destruyen lo que está debajo de la tierra, todo lo que está arriba también sufrirá.”
Davi K. Yanomami
La minería en tierras indígenas no está regulada y, por tanto, es ilegal. En las últimas décadas, los sectores económicos y los poderes públicos han intentado de diversas maneras abrir los territorios a la explotación minera encontrando una firme resistencia por parte de los pueblos indígenas. Desde enero de 2019, el gobierno de Jair Bolsonaro ha intensificado esta ofensiva, lo que se traduce en el aumento de la minería ilegal y de las solicitudes de exploración y explotación mineral.
El proyecto político de Bolsonaro pasa clara y explícitamente por la desconstitucionalización de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el despojo de las áreas que ocupan, dentro de una retórica integracionista y racista contra los proyectos de vida autónomos de esos pueblos. Para ello, está siguiendo al pie de la letra su promesa de no demarcar ni un centímetro de tierra indígena, incumpliendo la Constitución Federal de 1988, que obliga a la Unión a realizar la demarcación y protección de los territorios.
Según el Informe sobre la Violencia contra los Pueblos Indígenas del Consejo Indigenista Misionero (Cimi), en 2020 un total de 832 tierras indígenas seguían pendientes del procedimiento administrativo de demarcación y homologación[1]. Sin embargo, en abril de 2020, el entonces ministro de Justicia Sérgio Moro, acogiendo la tesis falaz del Marco Temporal[2], envió a la fase inicial del procedimiento administrativo 17 tierras indígenas que ya estaban en un estado avanzado de delimitación y demarcación[3].
El proceso de desterritorialización propuesto por el actual gobierno también incluye la apertura de los territorios indígenas -demarcados o no- al capital agro-minero-exportador. La intención es la explotación acelerada y extensiva de los bienes naturales para intensificar el patrón exportador de la economía brasileña, mientras se satisfacen los intereses particulares de los sectores económicos que sostienen al propio gobierno de Bolsonaro.
Para poder llevar a cabo este proyecto de exterminio, Bolsonaro necesitó desviar a la Fundación Nacional del Índio (Funai) de su misión institucional, que es proteger los derechos de los pueblos indígenas, para ponerla al servicio de los intereses privados de terratenientes, empresarios del agro y empresas mineras, hasta el punto de que el organismo indígena considera ahora “invasores” a los propios indígenas que reclaman sus derechos territoriales en áreas que aún no han sido demarcadas administrativamente.
Es en este contexto de intensificación y profundización del desmantelamiento de los derechos de los pueblos indígenas y de las políticas indígenas que se debe analizar el escenario actual del avance de la minería en tierras indígenas.
![Un sobrevuelo registra áreas de minería ilegal dentro de la Tierra Indígena Yanomami, en Roraima, en abril de 2021. Foto: Christian Braga/Greenpeace]](http://es.agroefogo.org.br/wp-content/uploads/sites/5/2021/11/agro-minera-2.jpg)
Notas
Consejo Indigenista Misionero (Conselho Indigenista Missionário), CIMI, 2021. Informe sobre la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil. Datos de 2020.
El Marco Temporal es una interpretación del artículo 231 de la Constitución Federal de 1988, defendida por el sector rural y los agentes del Estado, según la cual los pueblos indígenas sólo tendrían derecho a las tierras que tradicionalmente ocupan si estuvieran allí en la fecha de promulgación de la Constitución Federal (05/10/1988) o, si no estuvieran ocupando la tierra en ese momento, pudieran demostrar que existe un conflicto posesorio de hecho o en litigio en los tribunales. Esta interpretación es claramente inconstitucional y afrenta el carácter originario de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios, además de legitimar toda la violencia practicada contra los pueblos antes de 1988 y que provocó la expropiación de las tierras que habitaban.
En Brasil, el procedimiento administrativo de regularización de una tierra indígena está definido legalmente desde 1996 y prevé 05 etapas, que van desde la identificación del territorio reivindicado por las comunidades (desde un punto de vista histórico, antropológico, geográfico), a la delimitación y demarcación física (con placas identificadoras de los límites) hasta el registro formal como tierra pública del Estado cedida en usufructo permanente de los pueblos indígenas. Este complejo procedimiento puede demorar meses o años, dependiendo de los intereses particulares y económicos que otros actores tengan sobre el mismo territorio y de la voluntad política del Poder Público en cada momento.
El derecho originario de los pueblos indígenas a sus territorios: principal freno al expansionismo minero
La Constitución Federal de 1988 reconoce el derecho originario de los pueblos indígenas a sus territorios y garantiza su derecho al usufructo exclusivo de los recursos naturales que se encuentran en ellos. Mantuvo la separación del régimen entre los bienes del suelo y del subsuelo (CF1988, Art. 176). Cualquier acción de explotación de activos minerales en el subsuelo afectará sustancialmente a las posibilidades de usufructo de los activos en la superficie.
La Constitución Federal, en el espíritu de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, también estableció que la explotación minera dentro de sus tierras sólo podría llevarse a cabo en caso de autorización del Congreso Nacional y después de escuchar a las comunidades indígenas. En todo caso, una eventual explotación minera en tierras indígenas debería ser regulada en un Proyecto de Ley Complementario.
Además, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Brasil en 2004[4], reconoce el derecho de los pueblos indígenas a determinar libremente sus propias vías de desarrollo (art. 7) y a ser consultados de forma previa, libre e informada (art. 6), y determina procedimientos específicos relacionados con la explotación minera (art. 15.2).
Por tanto, la Constitución Federal de 1988 y el Convenio 169 de la OIT, aun considerando la propiedad del Estado sobre los bienes del subsuelo, colocan el derecho originario de los pueblos indígenas sobre sus territorios y el usufructo exclusivo sobre los bienes naturales existentes en ellos como referencia sustancial e insustituible para considerar cualquier iniciativa de explotación minera de estas áreas.
Las tierras indígenas son, por tanto, inalienables e indisponibles, y no tienen otra función que la de garantizar a los pueblos indígenas la posibilidad de sus propios proyectos de vida. Por tanto, son estos derechos los que deben prevalecer a la hora de resolver cualquier conflicto de interpretación o de intereses. Eso no es lo que ocurre en la práctica en Brasil y claramente no es lo que orienta el proyecto político del gobierno de Bolsonaro.
En enero de 2020, el Gobierno Federal presentó el proyecto de ley 191/2020 en el Congreso Nacional, que pretende regular la minería y la explotación de hidrocarburos dentro de las tierras indígenas. El cambio en la presidencia de la Cámara y del Senado, posibilitado por el retorno de las viejas tácticas políticas de trueques y favores con los partidos del llamado “Centro”, dejó un ambiente más favorable para las agendas del agronegocio y de la minería. Entre las iniciativas legislativas que el Gobierno Federal presentó al nuevo Presidente de la Cámara en marzo de 2021 como medidas urgentes, se encuentra el PL 191/2020 sobre minería en tierras indígenas. Si en 2020, con la ecuación de fuerzas de aquel momento y con la irrupción de la pandemia del covid-19, se suspendió el análisis del PL 191/2020, todo indica que hasta las elecciones de 2022 habrá una presión creciente para su aprobación en el Congreso.
Tanto el Gobierno como los parlamentarios pretenden acelerar uma política de tierra arrasada[5] este año con el temor de que las elecciones de 2022 no garanticen la continuidad del proyecto de desmantelamiento. Por ello, iniciativas como el proyecto de ley 490/2007 -que altera la demarcación de las tierras indígenas e instala el Marco Temporal- o el proyecto de ley 2633 -conocido como la ley de grilagem[6] -, entre otras, comenzaron a ser puestas en el orden del día del Plenario de manera abrupta, acelerada, sin el diálogo necesario y, en ocasiones, sin pasar debidamente por las Comisiones o desconsiderando sus recomendaciones. La ruptura de la dinámica parlamentaria y la premura en la aprobación de las controvertidas iniciativas son claras muestras de la voluntad política establecida en este momento en el Congreso Nacional. Y en este contexto, el PL 191/2020 podrá incluirse en la agenda en cualquier momento.
Notas
El texto del Convenio 169 de la OIT, Brasil ratificó la Convención el 25 de julio de 2002. Actualmente, está circulando en el Congreso Nacional el Proyecto de Decreto Legislativo nº 177/2021, iniciativa del diputado Alceu Moreira (Partido Movimento Democrático Brasileiro – MDB/Rio Grande do Sul), que pretende autorizar al Presidente de la República a denunciar esta Convención.
El Gobierno brasileño utilizó la expresión “pasar el rebaño” para referirse a esta política de destrucción de todas las medidas de protección y fiscalización ambiental.
El término “grilagem” se refiere a la ocupación ilegal de tierras públicas con expectativa de regularizar posteriormente la pose y propiedad particular de ese terreno a través de esquemas de corrupción económica.
Aumento de las solicitudes de explotación minera en tierras indígenas
A pesar de que la minería es ilegal dentro de las tierras indígenas, en noviembre de 2020 había en la Agencia Nacional de Minería (ANM) más de 3.000 registros de solicitudes activas para la exploración o la explotación minera que se superponen con las tierras indígenas[7]. De ellas, 58 solicitudes ya habían sido aprobadas por la ANM, lo que constituye una flagrante ilegalidad. Trece de ellas afectaban a la Tierra Indígena Sawré Muybu (pueblo Munduruku), en el río Tapajós, y concedían a la Cooperativa de Extração Mineral do Vale do Tapajós el derecho a extraer casiterita hasta julio de 2022. Sólo en 2020, se presentaron ante la ANM 145 nuevas solicitudes de autorización con tierras indígenas superpuestas[8]. Se trata del mayor volumen de solicitudes desde 1996.
Entre junio y agosto, dos decisiones del Poder Judicial en su esfera federal acogieron los argumentos del Ministerio Público Federal de Pará, obligando a la ANM a suspender las autorizaciones para la investigación y la exploración minera en áreas incidentes de las Tierras Indígenas Parakanã (pueblo Parakanã) y Trocará (pueblo Assurini), en la región de Tucuruí (Pará)[9], y otras tierras en la región de Santarém (Pará) . Varias delegaciones del Ministerio Público Federal (MPF) en varios estados del país presentaron acciones similares solicitando la suspensión inmediata de todas las solicitudes de autorización con superposición en tierras indígenas.
De acuerdo con los datos recogidos en el Sistema de Información Geográfica de la Minería (SIGMINE)[10], los tres períodos con mayor número de solicitudes de investigación y minería dentro de las tierras indígenas en los últimos 40 años fueron: a) 1983-1984, coincidiendo con el Decreto 88.895/83 del gobierno de la época que pretendía regular la minería dentro de las tierras indígenas; b) 1996, año en que se presentó el PL 1610/96 en el Senado, el primer intento de regulación después de la Constitución Federal; y c) 2020, después de que el gobierno de Bolsonaro presentó el PL 191.
Es evidente, por tanto, que cuando existe una expectativa real de regularización de la minería en tierras indígenas, el mercado se calienta automáticamente y el número de solicitudes aumenta de forma significativa, incluso antes de que se produzca la regularización.
Se trata de una relación bidireccional: la expectativa de regulación anima al mercado minero y, al mismo tiempo, el aumento de solicitudes por parte del mercado alimenta la narrativa de “legitimidad y urgencia” de la iniciativa política de regularización.
El avance de la minería
La minería no avanza sólo en los pedidos de exploración en la ANM o en la presión sobre las comunidades y el Congreso Nacional. En los últimos años se ha producido un avance desproporcionado del garimpo -la actividad minera ilegal[11] – dentro de las tierras indígenas de Brasil, especialmente en la Amazonia, financiada por grandes empresarios.
Si por un lado, la actividad de la minería ha ido en aumento en los últimos años, al calor de la expansión de la demanda de oro y el aumento del precio internacional del metal, por otro lado está claro que la minería también ha encontrado en el actual gobierno de Jair Bolsonaro la mejor narrativa y el mayor apoyo e incentivo. En las zonas de difícil acceso de la Tierra Indígena Yanomami o de la Tierra Indígena
Raposa Serra do Sol, por ejemplo, los garimpeiros -mineros- transmitieron el mensaje a los indígenas de que “ahora todo era legal, que las cosas habían cambiado y que lo mejor que podían hacer los indígenas era contribuir a la minería”. La sensación de impunidad de los mineros no es ilusoria, sino que se concreta en declaraciones públicas del propio Presidente de la República o de otras autoridades gubernamentales.
El gobierno ha estimulado y potenciado este ciclo perverso de destrucción del medio ambiente de diversas maneras: desde el apoyo público a las actividades mineras ilegales y al acaparamiento de tierras hasta el desmantelamiento sistemático de las políticas de inspección y control en la región. El aumento de los incendios y la deforestación en la Amazonía desde 2019 forman parte de un proyecto sistemático y planificado de expansión del capital agro-minero.
Notas
“Agência do governo autoriza 58 requerimentos minerários em terras indígenas da Amazônia”, Amazônia Minada (2020).
Con el término “garimpo”, en Brasil, se hace referencia a actividad de explotación mineral de determinadas substancias, en cursos de agua o tierra firme, con diversos niveles de complejidad tecnológica, realizada por grupos informales o cooperativas de mineros, en esquemas jerárquicos que contemplan, por ejemplo, la figura del “dueño del garimpo”, o propietario ilegal del local de explotación y de todo el mineral extraído. El garimpo esconde esquemas corruptos en los que participan de forma invisible grandes empresarios y políticos. La mayor parte del garimpo en Brasil se realiza dentro de las tierras indígenas y áreas de preservación, lo que es absolutamente ilegal.
Según las alertas del sistema DETER, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE), el 72% de todos los garimpos realizados en la Amazonía entre enero y abril de 2020 ocurrieron dentro de áreas protegidas, como tierras indígenas o áreas de preservación ambiental y unidades de conservación[12]. Solamente dentro de las tierras indígenas, la superficie deforestada por el garimpo aumentó un 13,44% en los mismos meses, y el garimpo aumentó un 64% si se compara con el mismo periodo de 2019. Ya, entre enero y agosto de 2021, el área deforestada por la minería en la Amazonía superó el total de 2020[13] . En una encuesta realizada conjuntamente por la Universidad Federal de Minas Gerais y el MPF, entre 2019 y 2020 se estimó un volumen de 100 toneladas de mercurio utilizadas en la minería ilegal en la Amazonía[14]. Los líderes indígenas son amenazados cuando denuncian la minería en sus territorios, sin que se establezcan responsabilidades por estos crímenes.
Uno de los casos más visibles de la expansión de la minería es el de la Tierra Indígena Yanomami. La explotación minera en el territorio habitado por los pueblos Yanomami y Ye’kwana tiene una historia trágica desde los años 1970, cuando las incursiones mineras aumentaron en número aprovechando la apertura de carreteras y el impulso de las autoridades públicas de la época. A finales de los años 80, unos 40.000 mineros fueron retirados tras numerosas denuncias a nivel nacional e internacional y después de dejar dramáticas huellas entre el pueblo Yanomami en forma de epidemias (sarampión, gripe, malaria, …), impactos sociales y destrucción del medio ambiente. En 1993, 16 indígenas yanomami fueron asesinados por mineros en lo que se conoció como la “masacre de Haximu”, el único caso hasta la fecha que ha sido juzgado como crimen de genocidio por el sistema jurídico brasileño. En los últimos cuatro años, de 2017 a 2021, la intensidad de la minería dentro de la Tierra Indígena Yanomami ha vuelto a niveles extremos.
En 2017 ya se evidenció el avance de la minería en la región de Serra da Estrutura, dentro de la Tierra Indígena Yanomami, zona donde residen grupos en aislamiento voluntario conocidos como Moxihatëtëa. La desactivación de la Base de Protección Etnoambiental en la región, responsabilidad de la FUNAI (Fundação Nacional do Índio), permitió la incursión e instalación de campamentos mineros. El Ministerio Público Federal, MPF en Roraima, solicitó en una Acción Civil Pública (ACP) que la FUNAI restablezca las 3 Bases de Protección Etnoambiental. Con este ACP, concedido por el Poder Judicial en 1ª instancia en noviembre de 2018, se inició un intenso proceso de medidas judiciales desatendidas hasta hoy por el Estado brasileño.
Notas
Según datos del Sistema de Detección de Deforestación en Tiempo Real – DETER (INPE), considerando una serie histórica de recopilación de datos desde 2015, el nivel de deforestación en la Amazonía debido a la minería ha aumentado exponencialmente desde 2019, coincidiendo con el inicio del gobierno de Bolsonaro, y sigue batiendo récords continuamente.
Entre 2018 y 2021, las organizaciones indígenas e indigenistas han venido denunciando sucesivos casos de violencia contra las comunidades yanomami y ye’kwana por parte de los mineros. La Hutukara Associação Yanomami – HAY, afirma que desde 2019 hay más de 20 mil mineros dentro de la Tierra Indígena. La propagación de la pandemia de covid-19 en el territorio no ha activado ninguna medida de protección territorial por parte del Gobierno Federal y la minería se ha convertido en un vector de contagio, en un obstáculo para la atención sanitaria de las comunidades (los equipos de salud se han retirado por los conflictos con los mineros) e incluso en una parte fundamental de un esquema de desvío de vacunas contra el covid-19 a cambio de oro.
De noviembre de 2018 a mayo de 2021, 5 decisiones judiciales en el ámbito de la Justicia Federal -incluyendo el Supremo Tribunal Federal- y Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligaron al Gobierno a establecer, con carácter de urgencia, acciones efectivas para enfrentar la covid-19 en la Tierra Indígena Yanomami, el control y la protección territorial, la reactivación de las Bases de protección y el retiro de los mineros. Hasta ahora, el gobierno sólo ha llevado a cabo operaciones puntuales y localizadas, con poca eficacia y transparencia, sin representar un compromiso de determinación política para hacer frente a los mineros en el territorio yanomami. Desde el 10 de mayo de 2021, los sucesivos ataques de los mineros a varias aldeas yanomami de la región del río Uraricoera han instalado un ambiente de terror y amenaza constante, reduciendo drásticamente la libertad de las comunidades para realizar sus actividades cotidianas como la pesca, la caza o el cuidado de sus plantíos. La última víctima yanomami había sido un joven de 25 años que fue atropellado en una pista minera clandestina en la región de Homoxi por un avión minero. Pero en octubre de 2021, la Asociación Hutukara Yanomami denunció otra tragedia: dos niños, uno de 5 y otro de 7 años, de la comunidad Makuxi Yano, fueron tragados por una draga minera y arrojados sin vida al río Uraricoera.
El pueblo Munduruku también se enfrenta a las consecuencias de las invasiones mineras en sus territorios. Según datos del Instituto Socioambiental (ISA), durante el gobierno de Jair Bolsonaro la minería devastó más de 2.200 hectáreas de la Tierra Indígena Munduruku en el municipio de Jacareacanga (Pará). El 25 de marzo de 2021, la sede de la Asociación de Mujeres Munduruku Wakoburum sufrió un violento ataque por parte de los mineros que operan ilegalmente en los territorios Munduruku. La estructura del espacio -donde las mujeres reforzaban sus redes de apoyo para garantizar la protección de sus medios de vida y comercializaban artesanías- fue completamente destruida e incendiada por los delincuentes.
Poco más de dos meses después, el 26 de mayo, la casa y la familia de Maria Leusa Munduruku, coordinadora de la asociación, fueron víctimas de nuevos ataques, cuando mineros armados dispararon y luego incendiaron la casa de la dirigente, provocando momentos de verdadera desesperación. Otros líderes que se posicionan en contra de la minería también han sido intimidados y amenazados.
La minería es responsable de niveles alarmantes de destrucción del medio ambiente, trastornos sociales y violencia contra los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, la minería es uno de los ambientes de trabajo más explotadores para los seres humanos. Según un estudio del Observatorio de la Minería, desde 2008 más de 300 trabajadores han sido rescatados en minas brasileñas en condiciones análogas a la esclavitud en 31 inspeciónes, principalmente en los estados de Pará, Amazonas, Amapá, Rondônia, Mato Grosso y Bahía.
Frente a este escenario devastador, resta a las comunidades y organizaciones indígenas, a todo el movimiento indígena y a sus aliados, pero también a la sociedad en su conjunto, redoblar los esfuerzos para proteger la vida y garantizar los derechos conquistados con tanto esfuerzo, para que Brasil asegure el marco de convivencia y un medio ambiente sano y para que los pueblos puedan seguir construyendo sus proyectos de vida y de Buen Vivir con libertad y audacia.
Luis Ventura Fernández del Consejo Indigenista Misionero (Cimi).