Presidencia y Parlamento al servicio de los acaparadores de tierras: legislar para acaparar

Los caminos trazados por la construcción histórica de la legislación agraria brasileña referentes a las tierras públicas y su interrelación con la cuestión ambiental terminan reflejando los intereses y las principales cuestiones en juego con respecto a la apropiación privada -e ilegal- de la tierra y la naturaleza. No sorprende que el régimen jurídico de la propiedad de la tierra en Brasil acompañe -y legitime- la progresiva exclusión de todos los otros (no propietarios) del acceso a la tierra y a los medios de producción de vida en diversos momentos de la historia brasileña. Desde la colonización europea, marcada por el genocidio y la esclavización de los pueblos negros e indígenas -que no eran sujetos de derecho capaces de poseer derechos de propiedad-, hasta el momento más actual, marcado por una ofensiva de privatización y mercantilización de las tierras públicas y de la naturaleza, el régimen jurídico de la propiedad privada ha visto redefinido su significado y su alcance para cumplir su función de despojar a los pueblos y capturar los bienes comunes con la exclusión de las generaciones presentes y futuras.

La línea de tiempo que se presenta a continuación demuestra que el proceso histórico de ocupación de la tierra en Brasil se inició mediante la imposición de la lógica de la apropiación privada y la expropiación de los territorios tradicionales originarios. El largo período de capitanías hereditarias y sesmarias, que culminó con la edición de la primera ley agraria brasileña, reforzó esta lógica. Desde esta perspectiva se editó la Ley de Tierras de 1850, con la exclusión y expropiación de pueblos y territorios, y basada en concepciones racistas que fundamentan la hegemonía blanca como clase terrateniente en el país. Con el objetivo de transferir las tierras al régimen privado, la Ley de Tierras trajo algunos criterios para hacerlo de forma mínimamente “regulada”, priorizando, en teoría, la legitimación de las ocupaciones de tierras productivas, y estableció una premisa fundamental: las tierras brasileñas tienen un origen público.

Resulta que ni siquiera los criterios facilitadores establecidos por la Ley de Tierras fueron cumplidos y las élites terratenientes, hasta el día de hoy, no han logrado llevar a cabo el proceso regular de traspaso de la propiedad pública al patrimonio privado. Esto explica el llamado “caos de la tierra” brasileño, marcado tanto por la presencia de títulos de propiedad antiguos, pero absolutamente viciados, que no prueban la prominencia de la propiedad pública de las tierras, como por títulos de grandes extensiones rurales más recientes, creados o falsificados en oficinas de registro y despachos, muchas veces con el uso de la violencia, muchos de ellos legitimados por el Poder Judicial. La realidad es que si profundizamos en el análisis de los títulos de las grandes propiedades de tierra en Brasil, en la gran mayoría de los casos, encontraremos fallas que nos recuerdan la acción orquestada de los sectores públicos y privados para la apropiación privada e ilegal de tierras públicas. La historia de la apropiación ilegal de tierras también está entrelazada con la propia apropiación y restricción del espacio público por parte de grupos de poder en despachos cerrados.

A partir de la década de 1960, período que representa uno de los movimientos cruciales de la expansión de las fronteras agrícolas hacia las regiones de la Amazonia y el Cerrado, sucesivas leyes han sido creadas en un intento de validar títulos irregulares, facilitar la “creación” de nuevos títulos o fomentar la implementación de políticas que promuevan la conversión de tierras públicas -o de comunidades tradicionales- en tierras privadas. El Estatuto de la Tierra, publicado en 1964, la Ley que se ocupa de las acciones discriminatorias, y las diversas legislaciones estatales creadas a partir de este período, a pesar de contener algunos criterios y limitaciones para la transferencia de tierras, se utilizan generalmente como instrumento para legitimar las apropiaciones ilegales.

Este proceso se intensificó a partir de la década de 2000, con el “boom de las commodities”, fenómeno caracterizado por la emergencia y consolidación de la participación mayoritaria de los productos primarios, especialmente granos y minerales, en las exportaciones brasileñas, asociado a los altos precios de las commodities en el mercado mundial, lo que también intensificó la demanda de tierras en los países exportadores y el calentamiento del mercado y la especulación con la tierra. Es en este escenario que, contrariando la Constitución Federal, en 2009 se edita la Ley 11.952, también conocida como “Ley de acaparamiento”, que creó el Programa Tierra Legal, acelerando la regularización de ocupaciones irregulares más recientes en la Amazonía Legal de hasta 1.500 hectáreas. Poco después, en 2012, se publicó el Nuevo Código Forestal, que regularizó ambientalmente las propiedades rurales a partir de la amnistía o indulto a los infractores ambientales, que fueron liberados de la obligación de recomponer la Reserva Legal y el Área de Preservación Permanente (APP), como también terminó autorizando la legalización de nuevos desmontes para el proceso de expansión de las fronteras agrícolas. Además, abre las puertas por primera vez al traspaso de la vegetación nativa del régimen de propiedad común a la propiedad privada con la creación de la Cuota de Reserva Ambiental (CRA) y su negociación obligatoria en la bolsa de valores.

Aunque la historia de la propiedad de la tierra en Brasil ha demostrado la estrecha relación entre las leyes de la tierra, la acumulación de riqueza por parte de una pequeña élite blanca terrateniente y la consecuente promoción de la violencia en el campo, los últimos cinco años ha puesto de manifiesto como nunca antes esta correlación, intensificada por el contexto de una carrera global por la tierra y el creciente interés de las grandes corporaciones financieras en un stock estratégico de garantías de deuda.

El golpe político institucional que decretó el “impeachment” de la expresidenta Dilma Rousseff, con el ascenso del gobierno de excepción de Michel Temer y posteriormente la elección de Jair Bolsonaro, instaló una coyuntura política aún más propicia para la tramitación acelerada, sin consultar a la sociedad, de proyectos privatizadores y desnacionalizadores de la tierra, combinados con una serie de medidas legales en apoyo a las demandas del sector patronal rural y del capital internacional. No es exagerado decir que los cambios legislativos promovidos en este corto periodo de tiempo, y los que aún están en proyectos, son más drásticos y devastadores que los que se han producido en los últimos quinientos años. Desde la aprobación de la Ley 13.465/17 (MP 759/16), también apodada “Ley de Acaparamiento”, -que autoriza una masiva transferencia de la propiedad pública y federal a los latifundistas-, las diversas alteraciones legislativas presentadas en la línea de tiempo a partir de 2016 indican una verdadera ofensiva dirigida a la apropiación privada de la tierra y la naturaleza y a garantizar la seguridad jurídica de los propietarios, productores rurales e inversores.

El modo de uso y ocupación del suelo entre el campo y la ciudad, la concentración de la tierra y de los recursos naturales, la destrucción masiva de los ecosistemas y la creciente homogeneización de los paisajes han sido señalados como una de las principales causas estructurales de la aparición de epidemias y de su acelerada dispersión en pandemias. El nuevo diseño de la malla territorial brasileña permitido por la Ley 13.465/17 y las demás legislaciones mencionadas en la línea de tiempo prometen una concentración sin precedentes de la tierra rural, con la consecuente expansión de la deforestación y destrucción de hábitats y la incorporación del uso y ocupación de la tierra por este modo de producción industrial de mercancías, culminando en una creciente expulsión de miles de agricultores, pueblos y comunidades a las periferias urbanas. La producción industrial de las zonas rurales y urbanas es un crisol de futuras pandemias y crisis sanitarias.

No nos cabe duda de que un freno a esta locomotora legislativa debe construirse en una articulación solidaria entre los pueblos desde los territorios hasta el nivel internacional. Por un lado, los trabajadores del Norte Global que ven cómo sus aportes a los fondos de pensiones se destinan a la compra ilegal de tierras, con la consiguiente expulsión de los pueblos del Sur Global, tienen el poder de vetar y exigir la retirada de estas inversiones destructivas. Por otro lado, los recursos esenciales para una vida digna para las generaciones presentes y futuras, como la biodiversidad y el agua, aun están bajo la posesión ancestral de los pueblos tradicionales y en espacios públicos que pertenecen a toda la sociedad. Por lo tanto, dar respuestas adecuadas a los desafíos impuestos por la masiva privatización de los bienes comunes, de la tierra y de los recursos naturales, pasa necesariamente por las formas de producir la vida y las estrategias de supervivencia promovidas e implementadas por los diversos pueblos, comunidades y movimientos que componen la diversidad y promueven la biodiversidad del campo brasileño y que, no por casualidad, constituyen el público prioritario para la asignación de las tierras públicas brasileñas. Ya sea por la deuda histórica, por la determinación constitucional o por medida estructural para contener la profundización de las crisis superpuestas, principalmente la ecológica y la sanitaria, es más necesario que nunca un levantamiento popular nacional y la solidaridad internacional en defensa de la propiedad pública y común de los pueblos, para la asignación prioritaria de las tierras brasileñas para la realización de los derechos territoriales de los pueblos rurales. El remedio contra futuras pandemias está, precisamente, en la capacidad de las sociedades para promover medidas estructurales de desconcentración y distribución de la tierra a quienes quieran trabajar en ella, en la protección de la biodiversidad, de los hábitats y de las formas de producir vida asociadas. Esto comienza con un simple paso: la unidad de la lucha de la clase obrera y de los pueblos contra los proyectos de regularización de tierras del mercado.