Deforestación como instrumento para el acaparamiento de tierras
Por Diana Aguiar y Mauricio Torres
Desde el infame “Día del Fuego”, en agosto de 2019, hasta los incendios forestales que provocaron el oscurecimiento total del cielo de São Paulo por espesas nubes de humo, en septiembre de 2020, los dos últimos años estuvieron marcados por la aceleración de la devastación ambiental en la Amazonía, el Pantanal y el Cerrado. Las imágenes de animales salvajes quemados y vastos paisajes en llamas provocan nuestra indignación. Sin embargo, a veces se ocultan las dinámicas conflictivas y delictivas que se producen en el epicentro de los incendios forestales y cómo el fuego se utiliza a menudo como instrumento de control territorial.
El fuego es un elemento de la naturaleza que ha sido manejado sabiamente por los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales durante siglos. Sus usos tradicionales se llevan a cabo con cuidado, en pequeñas porciones de tierra y en la estación adecuada, como parte del manejo a largo plazo del paisaje agroforestal[1]. Las acusaciones en torno a estos usos[2] no solo son infundadas y frívolas, sino que sirven de cortina de humo para desviar la atención del origen de la mayoría de los incendios forestales.
Al contrario del uso tradicional, el uso del fuego en el proceso de acaparamiento de tierras por el agronegocio se produce en grandes extensiones de tierra y está directa o indirectamente asociado a la deforestación que acompaña a la expansión de la frontera agrícola. En estos casos, el fuego se utiliza para consolidar el acaparamiento de tierras, para encubrir la invasión de tierras públicas y el delito medioambiental (deforestación ilegal)[3], al igual que para finalizar el proceso de deforestación, dando la apariencia inmediata de tierra en uso agrícola y preparando la zona para servir de pastizal o, en algunas regiones, de campos de monocultivo. El fuego – asociado a la deforestación – también se utiliza a menudo como arma contra los pueblos indígenas y las comunidades quilombolas (afrodescendientes rurales), tradicionales y campesinas[4].
Notas
Ver en este dossier: Saberes que vêm de longe: usos tradicionais do fogo no Cerrado e Amazônia.
En una declaración de apertura de la Asamblea General de la ONU el 22 de septiembre de 2020, el presidente Jair Bolsonaro dijo que “los incendios ocurren prácticamente en los mismos lugares, en los alrededores orientales de la selva, donde caboclos e indígenas queman sus campos en busca de su supervivencia, en áreas que ya han sido deforestadas”, insinuando que la responsabilidad de los incendios forestales recaería en los pueblos indígenas y comunidades tradicionales.
Ver en este dossier, en la sección “No Rastro do Fogo”, relatos de diversos conflictos territoriales que sistematizan esta dinámica.
La deforestación acompaña la expansión de la frontera agrícola
El mapa de la deforestación acumulada en la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal contiene algunas pistas para entender estos procesos. A medida que la frontera de las principales commodities agrícolas de Brasil – carne vacuna y soja – avanza históricamente desde el Centro-Sur hacia el Centro de Brasil y desde allí hacia el Matopiba[5] y la Amazonía, la deforestación también avanza para abrir pastizales y campos para monocultivos. Las cifras agregadas nacionales y regionales de las principales trayectorias de cambio de uso de la tierra corroboran y perfeccionan la comprensión de esta correlación.
Entre 1985 y 2019, período que coincide con la emergencia y consolidación de la economía del agronegocio[6], el 90% de la deforestación en Brasil se produjo para la apertura de áreas de pastos y monocultivos y el 10% para otros usos[7]. Pero las cifras agregadas son no explican completamente la relación entre la expansión de la frontera agrícola y la deforestación. Si observamos las cifras de las trayectorias del cambio de uso de la tierra en regiones específicas, podemos afinar nuestra lectura y comprender el papel de la soja y la relación entre los pastos y los monocultivos de soja en esos procesos.
Así, vemos que, de 2000 a 2014, más del 80% de la expansión de la soja en el Cerrado del Centro-Oeste tuvo lugar sobre áreas de pastos y otras culturas[8], impulsando el avance de las áreas de pastos sobre el bosque amazónico (especialmente en el norte de Mato Grosso y el sur de Pará)[9]. Las carreteras que conectan el centro de Brasil con la Amazonía acabaron siendo el eje principal de este movimiento. Las carreteras Belém-Brasilia (BR-153) y Cuiabá-Porto Velho (BR-364), ambas construidas durante el gobierno de Juscelino Kubistchek (JK), son consideradas hitos en la creación, a partir de la década de 1960, del llamado “arco de deforestación”[10], una región formada por 256 municipios en los que la destrucción de la selva se concentra y donde el Ministerio de Medio Ambiente centraba sus políticas públicas de lucha contra la deforestación, cuando estas aún existían.
Notas
Región compuesta por el cerrado de los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahia.
Para profundizar en la periodización propuesta por el economista Guilherme Delgado en la que nos inspiramos ver: Guilherme Delgado. Do capital financeiro na agricultura à economia do agronegócio. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2012. Ver también en este dossier: O Agronegócio e o Estado brasileiro: quem lucra quando a boiada passa?
Ver: Coleção 5.0 do Mapbiomas (2020).
Arnaldo Carneiro Filho y Karine Costa. A expansão da soja no Cerrado: Caminhos para a ocupação territorial, uso do solo e produção sustentável. São Paulo: INPUT y Agroicone, 2016.
Brasil. Governo Federal. Plano Nacional sobre Mudança do Clima–PNMC. Brasília: Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, 2008, pp. 59-60. Una de las consecuencias de este proceso poco comentada es la reducción del área sembrada de alimentos importantes para la agricultura familiar y las familias brasileñas, como arroz, frijol y yuca, generando vulnerabilidades en el abastecimiento. Para más, ver: Sílvio Porto y Diana Aguiar. Os caminhos da insegurança alimentar. In: Dossiê Crítico da Logística da Soja: Em defesa de alternativas à cadeia monocultural. Río de Janeiro: FASE, 2021.
Instituto Socioambiental. Nova geografia do arco do desmatamento. Diciembre de 2019.
El arco se extiende desde el oeste de Maranhão, al sur y suroeste de Pará, pasando por el norte de Mato Grosso, Rondônia y Acre, una franja situada precisamente a lo largo de la zona de transición Cerrado-Amazonía. Y como la deforestación y el acaparamiento de tierras van de la mano, la transición Cerrado-Amazonía es también la región con mayor intensidad de conflictos rurales en el país[11]. Además de este arco de deforestación más consolidado, la expansión de la frontera agrícola en la Amazonía ha aprovechado la misma BR-364 y las carreteras abiertas durante el Régimen Militar que avanzan sobre el corazón de la selva, como la carretera BR-319 (Manaus-Porto Velho) – con un proyecto de repavimentación en el actual programa de infraestructura[12] pública – y la BR-163 (Cuiabá-Santarém) – que, no por casualidad, fue el principal escenario del Día del Fuego[13] –, constituyendo “nuevas flechas de deforestación”[14].
En el mismo período, la dinámica de expansión de la frontera agrícola en el Cerrado dentro de Matopiba fue distinta. Allí, en las mesetas que cubren el oeste de Bahía, el sur de Piauí y de Maranhão, en la frontera con el noreste de Tocantins, el Cerrado es devastado para dar paso a los campos de soja: más del 60% de la expansión del área de soja en la región entre 2000 y 2014 se produjo mediante la deforestación de la vegetación nativa para abrir nuevas áreas[15]. Se ha formado así, en las últimas décadas, un “arco de deforestación” del Cerrado, en gran parte en su porción ubicada sobre el Sistema Acuífero Urucuia-Bambuí y en sus alrededores, y asociado a la expansión de la frontera en Matopiba.
Notas
Análisis basado en datos de conflictos en el campo documentados por la Comissão Pastoral da Terra (CPT). Ver: Carlos Walter Porto-Gonçalves. Dos Cerrados e de suas riquezas: de saberes vernaculares e de conhecimento científico. Rio de Janeiro y Goiânia: FASE y CPT, 2019, p. 29.
Ver en este dossier: Tragédia anunciada na BR-319.
Mauricio Torres; Juan Doblas; Daniela Fernández Alarcón. “Dono é quem desmata”: conexões entre grilagem e desmatamento no sudoeste paraense. Pará: Instituto Agronômico da Amazônia, 2017.
ISA, 2019.
Carneiro Filho e Costa, 2016.
Estos datos también revelan que, al contrario de lo que se suele decir, la soja brasileña – que se exporta[16] en un 75% – es un importante vector directo (en Matopiba) o indirecto (empujando la frontera agrícola y ganadera hacia la Amazonía) de deforestación, dependiendo de la región analizada.
Notas
Diana Aguiar. As rotas pandêmicas da cadeia global do complexo soja-carne. En: Dossiê Crítico da Logística da Soja: Em defesa de alternativas à cadeia monocultural. Río de Janeiro: FASE, 2021.
La expansión de la frontera agrícola depende de la apropiación privada de la tierra
A pesar del discurso de que el AGRO es tech y de la adopción de hecho en el último medio siglo de un modelo productivo dependiente de paquetes tecnológicos (semillas genéticamente modificadas, fertilizantes químicos, pesticidas y maquinaria), la expansión de la producción de commodities en las últimas décadas se debió principalmente al aumento de las áreas de pastizales (especialmente en la Amazonía) y de las plantaciones de monocultivos (especialmente en el Cerrado)[17]. Las ganancias de productividad y la intensificación productiva fueron significativas, especialmente en las zonas fronterizas más antiguas del Centro-Sur, pero tuvieron menos importancia relativa en el aumento agregado del volumen de producción, que se benefició principalmente de la expansión de la frontera. En este sentido, estas actividades profundizan aspectos típicos de la economía colonial de plantación que asola a Brasil desde hace 500 años: por ser extremadamente intensivas en tierra y agua, promueven la concentración de la tierra y las injusticias ambientales.[18]
La apropiación privada de grandes extensiones de tierra es, por lo tanto, una condición para la expansión de los monocultivos animales y vegetales del agronegocio. Una expresión de ello es precisamente la transformación gradual de la tenencia de la tierra, desde el predominio de la tenencia informal hasta la implantación de régimenes de propiedad en determinadas regiones, que acompaña el avance de la frontera agrícola[19]. Pero esto no significa que los títulos de propiedad sean la prueba de que la propiedad rural se ha incorporado legalmente al patrimonio privado[20].
Por el contrario, es raro encontrar títulos de propiedad de grandes propiedades rurales en Matopiba (principal frontera actual del Cerrado) o en la Amazonía Legal (que abarca también áreas del Cerrado y del Pantanal) que tengan una cadena de sucesión válida que demuestre el momento de la desvinculación de la propiedad pública y su transferencia legal a la propiedad privada, lo que significa que, en la mayoría de los casos, estas propiedades han sido objeto en algún momento de procedimientos de fraude para dar una apariencia de legalidad a los registros de propiedad[21]. Además del examen sistemático de los títulos específicos que apuntan irrefutablemente a esto, otra evidencia estructural es el hecho de que desde 1946 existe un límite de 10.000 hectáreas para la transferencia de tierras públicas a un solo particular, lo que hace inexplicable, desde el punto de vista legal, la existencia de grandes latifundios de decenas y hasta cientos de miles de hectáreas en Matopiba y la Amazonia Legal[22].
La masiva incorporación ilegal de tierras públicas adquiere algunas formas jurídicas comunes, como por ejemplo la falsificación en el origen del título o en el tamaño del inmueble[23]. Es habitual que documentos que no son válidos como prueba de la propiedad (como un certificado de tenencia o incluso un certificado de apertura de un proceso en el que se demanda propiedad sobre la zona) se utilicen como título original para registrar la venta de la propiedad[24]. Además, hay algunas innovaciones recientes. Entre ellas, se destaca el uso del Registro Ambiental Rural (CAR), un instrumento de gestión ambiental previsto en el Nuevo Código Forestal (2012), como si fuera una prueba de propiedad, aunque la ley[25] lo prohíbe expresamente.
En el CAR, el presunto propietario o poseedor declara la extensión de la zona, la ubicación de la reserva legal obligatoria, etc., a efectos de la regularización ambiental de la propiedad. Sin embargo, debido a su carácter autodeclaratorio y a la escasez de análisis y validación de las declaraciones por parte del Estado, el registro ha sido un facilitador del acaparamiento de tierras, especialmente de una nueva modalidad a menudo denominada “acaparamiento verde”[26]. Se trata de la declaración, por parte de hacendados y empresarios o emprendimientos rurales, de que las tierras públicas y los territorios tradicionales les pertenecen, buscando consolidar los fraudes notariales.
Especialmente en el Cerrado de Matopiba, los procesos de “acaparamiento verde” a través del CAR han permitido la expansión de los procesos de apropiación ilegal de tierras y la deforestación. Es una práctica creciente que, después de apropiarse de áreas de uso común de las comunidades tradicionales en las últimas décadas de expansión de la frontera agrícola (por ejemplo, los “gerais” en el oeste de Bahía), las mismas empresas rurales declaren sus áreas de reserva legal sobre las áreas remanentes de las comunidades (en los fondos de los valles, en el caso del mismo ejemplo), áreas que están preservadas precisamente por la ocupación y el manejo tradicional. Este proceso se ve agravado por el hecho de que el Código Forestal ha permitido registrar como reserva legal zonas no contiguas a las “propiedades” que se están registrando[27]. Así, cumpliendo supuestamente con la obligación de preservar su reserva legal en otro lugar, estas empresas deforestan las porciones que anteriormente mantenían como reserva legal en las áreas que habían usurpado anteriormente.
Son procesos que adoptan procedimientos que van desde los más burdos hasta los más sofisticados. Además, no se llevan a cabo de forma arbitraria y aislada por agentes que ignoran la dimensión del negocio del agro. Por el contrario, para operar las ocupaciones ilegales a gran escala en las diversas modalidades, hay una implicación continua de una cadena de relaciones y esos actores suelen ser conniventes:
desde los pistoleros hasta los notarios, políticos locales, policías, abogados, magistrados, fiscales, agentes de los organismos de la tierra y del medio ambiente, parlamentarios, administradores públicos, etc. En la cima de esta cadena se encuentran las empresas transnacionales del agronegocio (traders), los bancos y los fondos de inversión internacionales, que adquieren, comercializan y reciben como garantía fiduciaria las tierras que han sido apropiadas ilegalmente. [28]
Es sobre todo en el extremo de la cadena más dominado por los sujetos locales y regionales donde se adopta sistemáticamente la deforestación como instrumento de acaparamiento de tierras, contribuyendo a que, una vez apropiadas ilegalmente las tierras públicas, se construya la apariencia de legalidad del registro de la propiedad y el título entre en los circuitos del mercado de tierras.
Notas
Ver en este dossier: O Agronegócio e o Estado brasileiro: quem lucra quando a boiada passa?
Ver: Porto-Gonçalves, 2019, p. 27.
Joice Bonfim, Debora Assumpção, Juliana Borges, Mauricio Correia & Silvia Helena Coelho. Legalizando o ilegal: legislação fundiária e ambiental e a expansão da fronteira agrícola no Matopiba. Salvador: AATR, 2020.
A partir de la Lei de Terras de 1850, se estableció el llamado origen público de las tierras brasileñas y la necesidad de cumplir con ciertos requisitos para la transferencia legal de tierras del patrimonio público al privado. Para obtener más información, consulte: Bonfim et al, 2020.
Bonfim et al, 2020.
Torres et al, 2017.
Bonfim et al, 2020.
Torres et al, 2017.
Para más detalles ver: Bonfim et al, 2020, pp. 44-46.
Para un desglose de las formas tradicionales y nuevas de acaparamiento ilegal de tierras, ver: Bonfim et al, 2020; Torres et al, 2017.
Art. 29, §2 de la Lei Federal nº12.651/2012.
Bonfim et al, 2020.
Bonfim et al, 2020.
Bonfim et al, 2020, p. 8.
La deforestación como instrumento de acaparamiento de tierras
Durante décadas, los movimientos sociales y académicos de temas agrarios brasileños han luchado y analizado una estrategia específica de acaparamiento de tierras que involucra, como paso clave, diversos tipos de fraude en los títulos de propiedad, aprovechando el llamado “caos de la tenencia de la tierra” de Brasil (caos fundiário). El término “grilagem” ha sido ampliamente utilizado en referencia a un antiguo proceso de almacenamiento de documentos falsos en un cajón con grillos para que los desechos del insecto durante un período de tiempo dieran una apariencia de papeles amarillentos envejecidos, lo que hace que el fraude parezca más auténtico. Aunque ya no es una práctica entre los grileiros (los acaparadores de tierras que adoptan tal estrategia), el término ha sobrevivido a la prueba del tiempo para caracterizar este tipo de acaparamiento de tierras.
Tanto las formas antiguas como las actuales de grilagem consisten, a grandes rasgos, de dos fases, que se retroalimentan entre sí: la apropiación de la tierra “sobre el terreno” (invasión y control ilegal de tierras públicas) y la apariencia de legalidad “sobre el papel” (la parte burocrática). La tala del bosque o de la vegetación autóctona en los terrenos apropiados es el principal instrumento para consolidar la invasión, bien como la base para el posterior proceso de “lavaje” de la tierra en las notarías, ya que el propio delito ambiental (deforestación ilegal) es susceptible de ser entendido también como prueba de ocupación productiva. Así, cuanto mayor sea la perspectiva de facilidad de lograr dar aparencia de legalidad a la tierra ilegalmente apropiada (grilar), mayor será la posibilidad de que el acaparador (grileiro) invierta muchos recursos en la primera fase, deforestando amplias áreas y, eventualmente, amenazando y expropiando a los ocupantes anteriores. La máxima “El dueño es el que deforesta”, pronosticada por un acaparador en el oeste de Pará, anuncia la cruda realidad de que el que deforesta, siempre, es, de hecho, reconocido como dueño en la lógica regional y, muchas veces, termina consolidando el fraude con la recepción del título de propiedad de la tierra saqueada[29]:
Aunque el Estado puede imponer multas millonarias (que raramente son pagas) y, más raramente, determinar detenciones, nunca se habla de la recuperación de las tierras públicas apropiadas ilegalmente. La persona que deforesta es reconocida como propietaria de la tierra -incluso es comúnmente beneficiada por las políticas públicas recientemente creadas, con amplios resquicios para legitimar el acaparamiento[30].
Desde la Ley de Tierras de 1850, cuyas normas aún repercuten en el régimen de tierras vigente, se han sucedido las amnistías por delitos ambientales y la legalización de actos de apropiación ilegal de tierras públicas. Incluso desde la Constitución de 1988 – que contiene importantes marcos en el sentido del reconocimiento de la función social de la propiedad, de la prioridad de la Reforma Agraria y de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades quilombolas – un proceso gradual de flexibilización legislativa y de continuas amenazas a los derechos consagrados ha sido implementado y orquestado por un parlamento dominado por los lobbies terratenientes[31]. La certeza de los acaparadores de tierras en cuanto a la impunidad, así como la futura amnistía y legalización, conduce a la banalización del robo de tierras públicas y es combustible para la intensificación de la deforestación, que está intrínsecamente asociada al acaparamiento de tierras.
Tal vez la prueba más llamativa de esta asociación la ofrezca el análisis de las imágenes de satélite de la deforestación en las áreas vecinas que están bajo diferentes categorías de tenencia de la tierra. En estas imágenes se puede ver que la deforestación se concentra en las tierras públicas que no han sido designadas, mientras que en las tierras públicas designadas – como las unidades de conservación y las tierras indígenas – está contenida. Esto ocurre incluso en los numerosos “parques de papel”, unidades de conservación determinadas por la acción administrativa federal o estatal, pero sin consecuencias concretas de gestión “sobre el terreno” del bosque. En otras palabras, sin que se hayan producido obstáculos locales y prácticos a la deforestación, como la demarcación o fiscalizaciones, la deforestación ha cesado dentro de las zonas designadas. Basta con que se firme el decreto para que la deforestación disminuya y, sobre todo en el caso de la selva amazónica, aumente la explotación maderera.
Notas
Torres et al, 2017.
Torres et al, 2017, p. 1
Ver en este dossier: Presidência e parlamento a serviço dos grileiros: legislar para grilar.
Evidentemente, la reducción de la deforestación en las áreas protegidas recién decretadas no responde a la buena conciencia de los deforestadores, sino al cambio en el régimen de tenencia de la tierra, que se convirtió en una porción no susceptible de ganar apariencia de legalidad por medio de fraude (fundamental en el acaparamiento de tierras de tipo grilagem). La dinámica muestra la correlación entre la supresión de los bosques y el expolio de las tierras públicas: los acaparadores de tierras saben que una tierra pública ya destinada no puede desprenderse del patrimonio público para ser transferida al patrimonio privado. Y como la deforestación es cara – a pesar del uso sistemático de mano de obra esclava[32] –, no hay justificación para que el acaparador tale una zona de la que no podrá apropiarse. Por otro lado, basta con que se inicie una discusión sobre la reduccción del área total o parcial de una unidad de conservación – como en el caso del Bosque Nacional de Jamanxim –, para que la deforestación se dispare dentro de la zona[33], provocada por los acaparadores de tierras que se anticipan a la futura oportunidad de apropiación privada de las mismas. De este modo, se perfila la profunda conexión entre la cuestión medioambiental y la cuestión de la tierra en Brasil.
Notas
Ver en este dossier: Trabalho escravo, expropriação e degradação ambiental: uma conexão visceral.
Mauricio Torres; Sue BRANFORD. Amazônia ou parque dos dinossauros. En: The Intercept, 4 de abril. 2017. TORRES, Mauricio; BRANDFORD, Sue. Governo está prestes a aprovar projetos a favor de grilagem e outros crimes ambientais. En: The Intercept, 13 de junio. 2017. Marcos Furtado. Pará tem 8 das 10 unidades de conservação mais desmatadas da Amazônia. En: O Eco, 18 de octubre de 2020.
Diferenciando deforestación de degradación ambiental/forestal
El término “deforestación” se refiere a la eliminación completa de la cobertura forestal o de la vegetación autóctona, también llamada “corte al ras”. Solo se capta en las imágenes de satélite cuando se produce en una superficie continua superior a 6,35 hectáreas. Es una condición para la explotación de la tierra a través de monocultivos, lo que implica la sustitución de la biodiversidad del área por la plantación de una o pocas especies, o para la ganadería a gran escala, que se produce a través de la supresión de bosques o incluso la substitución de pastos naturales para la plantación de pastos industriales.
Conociendo los límites del monitoreo por satélite, los acaparadores de tierras pueden llevar a cabo la eliminación del estrato inferior del bosque para encubrir la deforestación en curso[34] o incluso llevar a cabo rondas de deforestación de diferentes partes de un área cada año para evitar el aviso del satélite[35] durante más tiempo. En estos casos, la “degradación forestal o medioambiental” de una zona puede producirse antes de que se consolide la deforestación[36].
La degradación de los bosques también se debe a situaciones en las que la tala de árboles no es el objetivo final, como en los casos de extracción selectiva de madera para realizar una explotación maderera ilegal (normalmente en terrenos públicos destinados) en la Amazonía. En estos casos, se abren pistas, se cortan árboles de valor comercial y se abren pequeños patios operativos (llamados explanadas). Aunque el bosque está muy degradado en estos procesos, la alteración de la cobertura del suelo no puede ser registrada por el sistema de monitoreo de deforestación[37]. Además, aunque la situación no se configure como deforestación y no esté asociada necesariamente a la grilagem, puede significar otras formas de acaparamiento de tierras, no menos dramática: suele hacer uso sistemático de mano de obra esclava y a menudo es llevada a cabo por la delincuencia organizada de la madera que aterroriza a las comunidades que viven dentro de las unidades de conservación, los asentamientos de reforma agraria y las tierras indígenas donde se produce la tala[38].
Notas
Torres et al, 2017.
Dinámica observada en algunos casos bajo análisis en el Cerrado, de acuerdo con una investigación en curso.
Torres et al, 2017
Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos Carmen Bascarán-CDVDH/CB y Comissão Pastoral da Terra-CPT. Por debaixo da floresta: Amazônia paraense saqueada com trabalho escravo. São Paulo: Urutu-Branco, 2017.
Torres et al, 2017.
Ver en este dossier: Trabalho escravo, expropriação e degradação ambiental: uma conexão visceral.
Ver en este dossier, diversos conflictos relatados en la sección: “No rastro do fogo: conflitos territoriais”.
En el proceso de acaparamiento de tierras de tipo grilagem, la deforestación cumple algunas funciones. Una de las más evidentes es la valorización del precio de la tierra. En el oeste de Pará, en 2017, una porción de tierra deforestada podía llegar a valer hasta 20 veces más que una superficie equivalente cubierta de bosque. Los compradores de tierras de la región declararon que preferían pagar más por terrenos ya deforestados, aunque algunos aceptaron comprar zonas con cobertura forestal. En algunos casos, la deforestación hizo que la tierra fuera vendible[39]. Además, el mero anuncio de obras públicas de infraestructura intensifica este tipo de proceso: cuando la pavimentación de la carretera BR-163 fue anunciada, las tasas de deforestación en la región se dispararon, al igual que el calentamiento del mercado de tierras apropiadas ilegalmente[40], poniendo de manifiesto la relación entre el acaparamiento de tierras, la deforestación y la especulación inmobiliaria.
Otra función de la deforestación en el ciclo de acaparamiento de tierras de tipo grilagem es demostrar la ocupación de hecho para aprovechar las permisivas políticas públicas que, en la práctica, amnistían la usurpación ilegal. El Programa Tierra Legal, creado por la Ley 11.952/2009 y alterado por la Ley 13.465/2017, por ejemplo, acepta como prueba para datar la ocupación el registro de deforestación en imágenes satelitales. En el oeste de Pará, la situación llega al absurdo de que el sujeto deforesta ilegalmente y llama al Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) para después utilizar el acta de infracción emitida por el organismo público como prueba de tenencia productiva[41].
Es inherente a la relación entre tierra deforestada y ocupación productiva una premisa persistente en el imaginario de la constitución social del Estado brasileño desde la economía de plantation y los tiempos del “bandeirantismo”, luego consolidada en la modernización conservadora impulsada por el régimen militar y que se reinventa en su cara más perversa en el antiambientalismo de Bolsonaro. La idea de que es deseable “desarrollar” la tierra, incorporarla a los circuitos de explotación y comercialización, equiparando la figura del abridor de fronteras a la de un emprendedor pionero y conquistador que se enfrenta a la “naturaleza salvaje” para llevar el progreso a regiones remotas. En ese imaginario, la selva y otros tipos de vegetación nativa son obstáculos; y, sobre todo, los pueblos indígenas, las comunidades quilombolas y otras comunidades tradicionales y campesinas son vistos como atraso, restos de un pasado condenado al exterminio.
Así, otra “función” no menos importante del ciclo de deforestación e incendios en el proceso de apropiación ilegal de tierras públicas es precisamente su uso sistemático como arma contra los pueblos y comunidades para amenazarlos y expulsarlos de sus tierras. Un proceso que promueve la fragmentación y la restricción territorial, buscando finalmente imposibilitar a estas comunidades la reproducción de sus formas de vida. No es raro que esta invasión de los territorios tradicionales comience precisamente en las áreas de uso común de las comunidades, arrinconando con el tiempo las zonas de vivienda y los patios productivos. En la sección “Tras el fuego: conflictos territoriales” de este Dossier se recogen varios ejemplos recientes de esta estrategia por parte de los agentes de la deforestación en las regiones de la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal y las dramáticas consecuencias para las comunidades.
Notas
Torres et al, 2017.
Ver en este dossier: Tragédia anunciada na BR-319.
Mauricio Torres. Fronteira, um eco sem fim. En: Mauricio Torres (org.). Amazônia revelada: os descaminhos ao longo da BR-163. Brasília: CNPQ, 2005.
Reforma agraria: una cuestión ecológica y de derechos
Sobre la base de lo analizado hasta ahora, cabe destacar que la dinámica de la deforestación nunca se refiere únicamente a lo que las imágenes de satélite pueden mostrar: la supresión de la vegetación nativa. Aunque esto puede indicar elementos importantes para pensar en la cuestión ambiental en Brasil, si no se asocia con un análisis de la cuestión agraria y de distribución de la tierra, se pierde gran parte de la comprensión de lo que está pasando. Con la deforestación y los incendios forestales, no solo se devasta la cobertura vegetal, sino también la biodiversidad y las formas de vida en los territorios comunitarios.
El núcleo de la cuestión del ciclo de deforestación, incendios y acaparamiento de tierras reside precisamente en la erosión de la biodiversidad y de los conocimientos tradicionales asociados a ella. Son los pueblos y las comunidades quienes, muchas veces con sus propios cuerpos, defienden los bosques y los campos. Las áreas que poseen son las más protegidas y ricas en biodiversidad de la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal. Garantizar esta propiedad, a través de la demarcación y regularización de las tierras indígenas, los territorios quilombolas, las reservas extractivas y otras modalidades de regularización de los territorios tradicionalmente ocupados, así como de los asentamientos de la reforma agraria, es, por lo tanto, no solo una cuestión de derechos, sino también una estrategia política esencial para contener la deforestación – y la erosión de la biodiversidad y los conocimientos asociados. Al abrir las puertas a los acaparadores de tierras, Brasil cambia sus mayores riquezas por el beneficio de una élite rural que produce esencialmente para abastecer las cadenas transnacionales de unos pocos commodities agroalimentarios.
Importantes instrumentos legislativos han reiterado a lo largo de los años la prioridad de destinar las tierras públicas a la reforma agraria o a la protección del medio ambiente. Además, la legitimación de la tenencia sobre la tierra pública depende del cumplimiento de ciertos criterios. La legitimación de la tenencia es específica para las ocupaciones campesinas, de menos de 100 hectáreas, que cumplen ciertos requisitos con antiguas garantías legales, a diferencia de la ocupación ilegal de tierras públicas. El Decreto-Ley 9.769, de 1946 (en una postura ratificada por el Estatuto de la Tierra, en 1964), ya era categórico al prohibir cualquier posibilidad de tenencia en las tierras federales con la excepción de las que fueran compatibles con una ocupación que, aquí, llamaremos campesina:
Art. 71 El ocupante de una propiedad federal sin el consentimiento del Estado podrá ser desalojado sumariamente y perderá, sin derecho a indemnización alguna, todo lo que haya incorporado al suelo, quedando también sujeto a lo dispuesto en los arts. 513, 515 y 517 del Código Civil.
Párrafo único. Se exceptúan de esta disposición los ocupantes de buena fe con cultivos efectivos y viviendas habituales, cuyos derechos quedan garantizados por este Decreto-Ley.
Para que la tenencia sea legitimable, es necesario comprobar la ocupación, cumpliendo, mucho más allá del animus domini, el binomio de cultivo efectivo y vivienda habitual por parte del poseedor. Además, es fundamental que “este binomio encuentre apoyo en el fundamento absolutamente imprescindible de la explotación directa y personal por parte del poseedor (posseiro) y su familia, tal y como exige expresamente el Estatuto de la Tierra”[42].
Desde el punto de vista jurídico en Brasil, por lo tanto, la posesión de la tierra es una estrategia de reproducción social asociada a la agricultura familiar y campesina; es antagónica a la apropiación ilegal de tierras públicas consolidada a través de mecanismos de acaparamiento de tierras y asociada a la acumulación primitiva de capital. Sin embargo, a pesar de la diferenciación legal explícita, los grupos privados que ocupan tierras de forma ilegal se han autodenominado como posseiro (un término relacionado con la posesión legal de tierras públicas por parte de los campesinos), buscando adquirir legitimidad y legalidad[43]. Y, aunque no se califican en absoluto como posseiros, con frecuencia adoptan el procedimiento de dividir vastas extensiones de tierra incautada en porciones más pequeñas registradas a nombre de terceros o de varios miembros de la misma familia, para así eludir los límites legales de la regularización de la tenencia de la tierra pública.
El intento del acaparador (grileiro) de confundirse con el posseiro es una estrategia antigua, y continuamente ensayada. En este sentido, es lapidario – y vergonzoso – el discurso del actual secretario especial de Asuntos de la Tierra del Ministerio de Agricultura, Luiz Antônio Nabhan Garcia, anunciando la medida provisional que el gobierno de Bolsonaro preparaba en septiembre de 2019: “Después de este gobierno, el término ocupante, posseiro y acaparador (grileiro)[44] no existirá más”.
Varios de los llamados programas de “regularización de títulos de propiedad” se han convertido en la práctica en programas de legitimación del acaparamiento de tierras, es decir, del robo sistemático de tierras públicas y de la expropiación de comunidades tradicionales. El principal, el Programa Tierra Legal, construido entre 2009 y 2017, está guiado por un aparato jurídico que instituyó facilidades francas para que las tierras públicas apropiadas ilegalmente fueran tituladas. En general, el programa se basa en la necesidad real de “regularización de los títulos de propiedad” y, bajo esta denominación genérica, promueve la flexibilización de las normas de enajenación de las tierras públicas federales en favor de los particulares. En un trabajo reciente, Torres, Cunha y Guerreiro sistematizan las flexibilidades aportadas por la legislación que sustenta el Programa, para mostrar cómo van llevando al plano jurídico nuevos criterios de enajenación de las tierras públicas federales, siempre de manera tal que se creen condiciones privilegiadas para públicos hasta ahora entendidos legalmente como invasores o acaparadores de tierras[45].
El Banco Mundial y diversas organizaciones del capitalismo verde ven en la titulación de tierras públicas la solución a la “inseguridad jurídica” de las inversiones y la creación de un mercado de tierras. Parten de una lógica liberal según la cual todo se resuelve con la propiedad privada. De este modo, excluyen a los que viven del uso común de la tierra y para los que el reconocimiento es la principal vía de realización de los derechos[46].
Cuando se comprenden los mecanismos a través de los cuales el ciclo de deforestación, incendio y acaparamiento forma parte de una estrategia de apropiación privada de la tierra, no queda más remedio que defender la reforma agraria en su sentido amplio, incluyendo el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades, como una cuestión ética y, al mismo tiempo, una necesidad ecológica.
Notas
Ismael Lima Falcão. Direito agrário brasileiro: doutrina, jurisprudência, prática. Bauru: Edipro, 1995. p. 81.
Torres et al, 2017.
Apud Paulo Silva Pinto. Regularização de terras deverá ter medida provisória. En: Poder 360, 25 de septiembre de 2019.
Mauricio Torres; Cândido Neto da Cunha; Natalia Ribas Guerrero. Ilegalidade em moto contínuo: o aporte legal para a destinação de terras públicas e a grilagem na Amazônia. En: Ariovaldo Umbelino Oliveira. (Org.). A grilagem de terras na formação territorial brasileira. São Paulo: FFLCH/USP, 2020.
Mauricio Torres, 2018.
Diana Aguiar es profesora e investigadora en la Universidad Federal de Bahia (UFBA) y asesora de la Campaña Nacional en Defensa del Cerrado.
Mauricio Torres es profesor del Instituto Amazónico de Agricultura Familiar (Ineaf) de la Universidad Federal de Pará (UFPA).
Agradecemos a Eduardo Barcelos do Instituto Federal Baiano – Campus Valença por organizar as bases cartográficas utilizadas na feitura dos diversos infomapas que acompanham esse artigo.
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