Conexiones peligrosas: fondos de pensiones internacionales, incendios y acaparamiento de tierras en Matopiba
Por Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais – AATR Bahia, Grain y Rede Social de Justiça e Direitos Humanos
El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), en un reciente dictamen técnico, y el Tribunal de Justicia de Bahía (TJ-BA), en una sentencia celebrada en octubre de 2020, reconocieron que dos de los mayores compradores extranjeros de tierras agrícolas en Brasil – los fondos de pensiones[1] TIAA-CREF (Teachers Insurance and Annuity Association of America – College Retirement Equities Fund) y el fondo de inversión de la Universidad de Harvard (Havard Management Co.) – adquirieron ilegalmente cientos de miles de hectáreas de tierras agrícolas en el Cerrado brasileño. Los detalles sobre las decisiones que reconocen la compra ilegal de tierras y la investigación de los incendios en las fincas controladas por los fondos están en el nuevo informe[2] de la AATR (Asociación de Abogados de los Trabajadores Rurales del Estado de Bahía), la Red Social de Justicia y Derechos Humanos y GRAIN.
Desde 2008, estos fondos han acumulado alrededor de 750.000 hectáreas en el país, y sus negocios agrícolas están relacionados con la apropiación ilegal de tierras, el desalojo violento de comunidades tradicionales y rurales, la deforestación, los incendios y otros daños sociales y medioambientales en la región[3]. Todo ello, además, burlando la legislación brasileña que limita el control de tierras por parte de los extranjeros[4].
Notas
Los fondos de pensiones se constituyen con aportes de los salarios de los trabajadores a la seguridad social oficial o complementaria, sea del sector público o privado. Por lo general, las empresas financieras privadas especializadas representan sindicatos, gobiernos o individuos para administrar e invertir estos recursos con el fin de buscar una mejor rentabilidad para cubrir el pago de futuras pensiones. En este caso, la TIAA gestiona las aportaciones de profesores de universidades americanas y el fondo de la Universidad de Harvard, de los empleados de la Universidad de Harvard. La crisis de 2008 y el rendimiento cero o negativo de la tasa de intereses en las economías centrales expandieron la cartera de inversiones de los fondos de pensiones y las inversiones a activos más seguros a largo plazo, como la tierra y los recursos naturales. Hoy son las principales fuentes de recursos para la adquisición de tierras en el mundo. Para más información ver el texto y la animación.
AATR, Rede Social & GRAIN. “Operações no mercado de terras do fondo de pensão TIAA e da Universidade de Harvard são julgados ilegais”. 17 de diciembre de 2020.
La Rede Social, AATR, GRAIN y otras organizaciones han producido numerosos informes de investigación que documentan estos procesos. Ver en: Rede Social; AATR; Campanha Stoplandgrabs.
Las estrategias de TIAA y Harvard para eludir los límites legales para la adquisición de tierras por parte de extranjeros han sido monitoreadas y denunciadas en informes de la Rede Social y GRAIN.
(Des)encubrimiento de las adquisiciones ilegales de tierras
En mayo de 2019, el Incra emitió un dictamen[5] sobre el tema, detallando cómo toda la tierra adquirida por TIAA después de 2010 se llevó a cabo en violación de la Ley Federal 5.709/1971[6] y el entendimiento establecido por el Dictamen LA-01 de la AGU, de 2010, que impone límites a la adquisición y el arrendamiento de tierras agrícolas también por empresas registradas en Brasil, pero efectivamente controladas por empresas extranjeras. Según el INCRA, las compras de tierras por parte de TIAA que se realizaron a través de la empresa brasileña Radar Propriedades Agrícolas y otras filiales brasileñas deben ser consideradas nulas porque, aunque estas empresas están registradas en el país, la mayoría de sus acciones son propiedad de empresas extranjeras. Las empresas asociadas fueron caracterizadas como parte del mismo “grupo económico”, constituyendo una arquitectura financiera que enmascara el control real ejercido por el fondo TIAA-CREF. Como resultado, el sector del Incra responsable de supervisar y fiscalizar las adquisiciones de tierras por parte de entidades extranjeras ha recomendado la anulación de los títulos de todas las haciendas adquiridas a través de subsidiarias de la TIAA desde 2010, que abarcan más de 150.000 hectáreas.
Además, el Incra constató que las adquisiciones de tierras por parte de TIAA se basaban en el acaparamiento de tierras habitual en la región, mediante la apropiación ilegal de tierras públicas y la posterior reclamación fraudulenta de su titularidad legal. El Instituto declaró que este era un motivo adicional para la anulación de los títulos de propiedad de TIAA.
El organismo de tierras federales aún no ha realizado una evaluación de las adquisiciones de tierras de Harvard que se llevaron a cabo de forma similar. Sin embargo, el 6 de octubre de 2020, el Tribunal de Justicia de Bahía emitió un fallo[7] que bloquea el registro de tierras para una de las mayores adquisiciones de tierras agrícolas de Harvard en Brasil: una aglomeración de 107.000 hectáreas de tierra conocida como Gleba Campo Largo, en el municipio de Cotegipe, en la región oeste del estado. El tribunal también reabrió la investigación sobre la adquisición de las tierras de Gleba Campo Largo por parte de Harvard, con base en las pruebas aportadas por la Procuraduría General del Estado (PGE) de Bahía de que se trataba de tierras públicas que habían sido transferidas ilegalmente a la propiedad privada.
Harvard ha estado intentando vender las propiedades de Caracol Agropecuaria y sus otras haciendas brasileñas ante las crecientes críticas y protestas de los propios estudiantes de la institución. Al no poder encontrar un comprador, decidió transformar[8] su división de tierras agrícolas en una empresa de capital privado independiente llamada SolumPartners e incorporar al grupo asegurador AIG como socio. Aunque no está claro qué tierras agrícolas se transfirieron a Solum y cuáles permanecen bajo la gestión de Harvard, la responsabilidad de los incendios y los conflictos de tierras generados por las compras de tierras agrícolas de Harvard en Brasil sigue siendo de la Universidad. Como se reconoce en el dictamen del INCRA sobre el caso TIAA, según la legislación brasileña, las tierras seguirían considerándose controladas por el mismo “grupo económico”.
Notas
Resolución en el Proceso N° 54000.000473/2016-10/INCRA.
En resumen, la Ley 5.709/71 impone: límite de extensión de 50 módulos de exploración indefinidos en áreas continuas o discontinuas (art. 3); informar qué proyectos agrícolas, pecuarios e industriales se vinculan a sus fines empresariales previstos en el estatuto y aprobados por el Ministerio de Desarrollo Agrario (art. 5); la necesidad de que el registro separado de la propiedad sea comunicado al INCRA, a la Corregiduría de Justicia de los Estados y al Ministerio de Desarrollo Agrario (artículos 9 a 11); extensión de un máximo del 25% de la superficie del municipio cuando se suman todas las áreas rurales pertenecientes a empresas extranjeras o controladas por extranjeros, limitada al 40% de cada nacionalidad (art. 12 y §1).
Recurso Civil No.8000260-80.2018.8.05.0070, Tercera Sala Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Bahía.
Michael McDonald. Harvard spins off natural resources team, to remain partner. Bloomberg, 8 de octubre de 2021.
Incendios y deforestación en las fincas del Fondo de Pensiones: comunidades tradicionales afectadas
La decisión del TJ-BA se produjo en un momento en que los incendios volvieron a arrasar las explotaciones controladas por el fondo de Harvard. Según datos satelitales recopilados por AidEnvironment, un total de 8.500 hectáreas fueron quemadas entre agosto y octubre de 2020, en la hacienda Cachoeirinha (7.626 ha), en Mansidão, cuya propiedad también es reclamada por el Estado[9], y en la Faz. La hacienda Campo Largo (878 ha), que forma parte del grupo de haciendas en la zona de 107.000 hectáreas reclamadas acaparados de Gleba Campo Largo.
Notas
Acción Judicial Discriminatoria No.0000822-37.2011.805.0018, con una superficie total de 27.799 ha.
En Mansidão, las haciendas adquiridas están situadas en la región conocida como Baixões, donde aproximadamente 400 familias ocupante de diez comunidades tradicionales están siendo afectadas por la deforestación y los incendios.
En Gleba Campo Largo, en el municipio de Cotegipe, 240 familias de ocupantes que fueron desalojadas violentamente tras la venta al Fondo Harvard siguen viviendo en los alrededores y esperan volver a la tierra, que sigue siendo degradada por la quema y la deforestación.
Como es sabido, el ciclo del fuego está asociado en gran medida al ciclo del acaparamiento de tierras y la deforestación como forma de ocultar la invasión de terrenos públicos y el delito medioambiental. En este caso, recientemente, el Instituto de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Bahía (INEMA) concedió una controvertida[10] autorización de supresión de 5.212 hectáreas de vegetación autóctona, válida por 4 años, a favor de Caracol Agropecuaria S/A para un grupo de haciendas en Gleba Campo Largo. No se encuentran entre ellas las dos haciendas objeto de los incendios, lo que indica que el fuego se ha utilizado posiblemente para encubrir la deforestación ilegal por parte de Caracol. La situación es igualmente catastrófica en otra hacienda de Harvard muy cercana, en el vecino estado de Piauí. En la Fazenda Coelho, un enorme incendio ha destruido una gran franja de la zona forestal de la propiedad, quemando más de 8.600 hectáreas dentro del límite de la propiedad y 11.000 hectáreas en total. Tanto Gleba Campo Largo como Coelho Farm fueron adquiridas por Harvard a través de su filial brasileña Caracol Agropecuária.
Ordenanza N°19.388 del 22 de octubre de 2019 del INEMA. Una medida cautelar reciente del juez federal Ávio Mozar, del 12º Tribunal Federal de Bahia, declaró la ilegalidad del Decreto Estadual 15.682/2014, que creó una nueva hipótesis de exención de licencia ambiental para actividades agrosilvopastoriles en Bahia, determinando la suspensión de todas las licencias que están en curso. Disponible para consulta en la página electrónica.
Este año AidEnvironment también encontró grandes incendios en las fincas de la TIAA en la región del Cerrado. A principios de octubre de 2020, los incendios destruyeron las áreas de reserva forestal de las fincas de TIAA en Santa Filomena, Piauí, convirtiendo en cenizas unas 1.360 hectáreas. En este municipio, el fondo controla, a través de Tellus Brasil Participações S/A, 4.500 hectáreas de las haciendas Ludmila y Laranjeiras, adquiridas a la familia de un notorio acaparador de tierras que operaba en la región, habiendo sido desmembradas en varias otras propiedades a partir de 2016, cuyos nombres fueron cambiados a lo que ahora se llama Condomínio Frutal.
Más información: Juiz bloqueia 124 mil hectares de terras de Euclides de Carli. G1 Piauí, 22 de julio de 2016.
Estas haciendas se encuentran en el extremo noroeste de la meseta llamada “Chapada
Até Que Enfim”, próximas a las comunidades ribereñas de Baixão Fechado, Salto y la comunidad indígena del pueblo Gamela, Morro D’água. Según los informes de las comunidades, la frecuente deforestación y las quemas han provocado cambios en el régimen de lluvias, la reducción de los humedales, los manantiales y el caudal de los ríos, así como la erosión y el aumento de la turbidez de las masas de agua.
La deforestación y las quemas ilegales, sin embargo, se utilizan en paralelo a las solicitudes de supresión de la vegetación con los organismos medioambientales. Desde 2010, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Piauí (SEMAR) autoriza la deforestación en estas zonas. En 2018, a pesar de las denuncias y de las fuertes evidencias de acaparamiento de tierras, la SEMAR autorizó la quema controlada por parte de la empresa, tal y como se publicó entonces en el Boletín Oficial. En Maranhão, por su parte, la Finca Santana, también propiedad de TIAA, en el municipio de Riachão, tuvo importantes incendios en 2019, y en 2020 se quemaron otras 500 hectáreas.
El Ministerio Público Federal (MPF) tiene abierta una investigación civil[12] desde 2016 para investigar las denuncias de delitos ambientales, adquisición ilegal de tierras y daños a las comunidades rurales en torno a las haciendas controladas por el Grupo Radar en Maranhão, pero hasta ahora no ha habido ninguna responsabilización de las empresas y/o sus agentes.
En este escenario, es posible concluir que la deforestación y la quema, ya sea ilegal o autorizada por los órganos ambientales en frágiles procesos de inspección y análisis de documentos, son la principal forma de consolidar el acaparamiento de tierras, con la toma de posesión efectiva sobre las propiedades adquiridas que aún tienen vegetación nativa, aumentando el precio de la tierra e intensificando la especulación inmobiliaria, que precede a la conversión de las áreas para la producción de granos.
Investigación Civil MPF N°1.19.005.000183/2016-61.
Asociación de Abogados de Trabajadores Rurales – AATR Bahia
Grain
Red Social para la Justicia y los Derechos Humanos
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