Trabajo esclavo, expropiación y degradación medioambiental: una conexión visceral
Por Carolina Motoki y Ginno Perez
El acaparamiento de tierras, la deforestación y el saqueo de madera están estrechamente relacionados con la práctica de otra grave violación de los derechos humanos: la explotación del trabajo esclavo. En Brasil, el trabajo esclavo es un delito, tipificado en el artículo 149 del Código Penal, y se refiere al trabajo forzado, las condiciones degradantes, la servidumbre por deudas o las jornadas de trabajo extenuantes. La esclavitud deshumaniza, cosifica al ser humano y viola dos derechos esenciales: la libertad y la dignidad.
En el país, el trabajo esclavo está directamente relacionado con la destrucción del medio ambiente y con los conflictos en el campo. Históricamente, se esclaviza a los trabajadores en la deforestación para la implantación de nuevas haciendas, muchas de ellas en tierras con ocupación ilegal, en la expansión capitalista de la frontera agrícola. La deforestación es la parte más visible del problema.
Sin embargo, hay fuertes indicios de que la práctica del trabajo esclavo se ha utilizado sistemáticamente en los casos de extracción selectiva de madera, un proceso que tala árboles de gran valor y genera una degradación de los bosques, no tan perceptible en la evaluación de las imágenes por satélite. En este caso, los planes de gestión forestal – aprobados en los asentamientos de la reforma agraria o en las concesiones forestales dentro de los bosques nacionales y estatales – se utilizan para dar una apariencia “legal” a la madera extraída ilegalmente de zonas protegidas, como las unidades de conservación y las tierras indígenas. Este saqueo o robo de madera es realizado mediante la explotación de trabajadores esclavizados. Sin embargo, los casos casi nunca son detectados por la fiscalización y permanecen ocultos.
El trabajo esclavo se utiliza para perpetrar daños medioambientales
En los últimos diez años, entre 2011 y 2020, fueron rescatadas 465 personas del trabajo esclavo que realizaban labores de deforestación en 42 inspecciones en los estados que conforman la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal[1]. Esta es la parte visible del problema, ya que a muchos frentes de trabajo ni siquiera llega la fiscalización. Además, no se puede certificar que los casos se refieran a deforestación ilegal en el sentido estricto[2], ya que no hay acciones conjuntas entre la fiscalización laboral y la medioambiental.
Existen pruebas, sin embargo, de que ambos delitos se superponen a menudo. En 2015, la Operación Madeira Limpa[3], realizada por el Ministerio Público Federal (MPF) y la Policía Federal (PF), detuvo a 21 personas en la región oeste de Pará por deforestación, extracción selectiva ilegal de madera y acaparamiento de tierras. Los acusados coaccionaban a los asentados para que autorizaran la retirada de árboles de sus tierras en los proyectos de asentamientos de la reforma agraria. Algunos de los acusados figuraban en la “lista sucia de trabajo esclavo”, una lista de empleadores descubiertos mientras cometían el delito, publicada por la Secretaría de Inspección de Trabajo, ubicada hoy en el Ministerio de Economía.
Entre ellas, la empresa maderera Iller[4], que suministraba madera a la famosa marca de utensilios domésticos Tramontina. Durante la operación llevada a cabo en 2015, sus propietarios fueron detenidos y la empresa maderera fue multada con 1,8 millones de reales por tener en depósito maderas sin pruebas de origen legal, así como por haber presentado información falsa en los sistemas oficiales de control forestal. Tres años antes, en 2012, la empresa maderera había sido sorprendida esclavizando a 31 trabajadores en Santarém, Pará.
No había viviendas: los trabajadores dormían en chozas improvisadas de lona y paja, expuestos a los riesgos del bosque. La comida se preparaba en el suelo de tierra y a la intemperie, en estufas, sin las mínimas condiciones de higiene para conservar los alimentos. Tampoco había baños, ni agua potable: se recogía el agua de un arroyo para almacenarla en un bidón reutilizado de aceite de motor. Tampoco había equipos de protección individual, a pesar del alto riesgo de accidentes. Los trabajadores cobraban por árbol talado, sin contrato laboral firmado, y muchos no llegaban ni al salario mínimo.
Notas
Datos de inspección sistematizados por la Comissão Pastoral da Terra/Campanha “De olho aberto para não virar escravo”.
Los límites entre la deforestación legal e ilegal son muchas veces tenues, cuando consideramos que las autoridades han favorecido, de diferentes maneras, la legalización, mediante flexibilizaciones legislativas, las amnistías recurrentes e incluso las autorizaciones para la supresión de plantas en terrenos apropiados ilegalmente. En otras palabras, incluso la deforestación “legal” en sentido estricto puede haber sido legalizada bajo un manto de irregularidades.
Ver en este dossier: Presidência e parlamento a serviço dos grileiros: legislar para grilar.
Caso Madeira Limpa: MPF/PA denuncia 30 acusados à Justiça. MPF, 21/09/2015.
De acuerdo a datos de una investigación de la ONG Repórter Brasil, llamada: Tramontina comprou madeira de serraria flagrada com trabalho escravo. En: Repórter Brasil, 13/03/2017.
El saqueo de la madera y el trabajo esclavo son inseparables
La situación encontrada en la empresa maderera Iller es un patrón que se repite, especialmente en el oeste de Pará. Un informe realizado en 2016 por la Red de Acción Integrada para la Lucha contra la Esclavitud (Raice) de la Comisión Pastoral de la Tierra[5], señaló que la extracción selectiva de madera – aquella que elige árboles valiosos y no deja manchas de deforestación detectables por satélite – se realiza en unidades de conservación (UC) o tierras indígenas (TI) con la explotación de trabajadores esclavizados. Para “lavar” la madera y crear un aire de legalidad, la madera se “calienta” en proyectos de asentamientos, zonas de la región que poseen planes de manejo de madera legalizados.
Para ello, los madereros se apropian de lotes en los asentamientos – otra forma de apoderarse de espacios públicos, a través de la reconcentración de lotes – y mantienen a los asentados bajo una fuerte dependencia, ya sea a través de la violencia y las amenazas, o llevando a cabo acciones que deberían ser realizadas por el Estado, como la construcción de caminos y otras mejoras. Se crea un poder paralelo. Debido al abandono de las zonas por parte de Incra, los asentados también acaban dependiendo del trabajo ofrecido por los mismos madereros, incluso en situación de esclavitud.
En 2016, cinco personas fueron rescatadas del trabajo esclavo en Uruará (PA). Trabajaban para M. A. de Sousa Madeireira[6], en terrenos federales embargados por la justicia, un ejemplo de cómo los delitos medioambientales y laborales van de la mano de los delitos contra la tierra. En la misma ocasión, los inspectores llegaron a un campamento de trabajadores en la Tierra Indígena (TI) de Cachoeira Seca, que había sido abandonado tras conocerse que la fiscalización estaba en la región.
Notas
Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos Carmen Bascarán-CDVDH/CB; Comissão Pastoral da Terra (CPT). Por debaixo da floresta: Amazônia paraense saqueada com trabalho escravo. São Paulo: Urutu-Branco, 2017.
Trabalho escravo na Amazônia: homens cortam árvores sob risco e ameaça. En: Repórter Brasil, 13/03/2017.
La ganadería, la actividad que más esclaviza, está relacionada con estos delitos
Desde que el Grupo Especial Móvil de Fiscalización fue creado en 1995, con el fin de inspeccionar y multar a los empleadores que utilizan mano de obra esclava, más de la mitad de los casos detectados corresponden a actividades relacionadas con la ganadería. En esos casos, se rescataron más de 17 mil trabajadores en condiciones de esclavitud. Es importante destacar que la mayoría de los bosques deforestados dan origen a pastos utilizados para la cría de ganado, que sigue siendo el principal vector de deforestación.
Brasil es actualmente el mayor exportador de carne vacuna del mundo, lo que integra las violaciones laborales y medioambientales que se producen al mercado mundial. Los principales frigoríficos, como JBS – dueña de las marcas Friboi, Seara y Swift – y Minerva, compran ganado producido en haciendas que esclavizan trabajadores.[7] JBS y Minerva, entre otras, también son acusadas por el Ministerio Público Federal, por el Ibama y por organizaciones que rastrean las cadenas de producción de compra de ganado procedente de zonas deforestadas ilegalmente.[8]
El uso de intermediarios y el sistema de cría y engorde – que traslada el ganado a diferentes establecimientos agrícolas antes de que vaya a los frigoríficos – hacen que los mecanismos de trazabilidad empresarial sean aún más defectuosos, tanto en términos laborales como medioambientales.
En los últimos diez años, entre 2011 y 2020, 2.304 trabajadores fueron rescatados en la ganadería en 392 establecimientos inspeccionados, solamente en la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal. En algunos casos, la deforestación se lleva a cabo dentro de las propiedades. Una vez más, las fiscalizaciones laborales y medioambientales no dialogan, y la falta de cruce de datos e información dificulta la identificación de casos concretos en los que se utilizó a trabajadores esclavizados para llevar a cabo una deforestación considerada ilegal, lo que puede alimentar la idea de una desconexión entre ambos delitos.
Un ejemplo fue la hacienda Umuarama, en Aliança do Tocantins (TO). En 2016, la propiedad fue sorprendida utilizando mano de obra esclava. En 2018, la misma hacienda fue multada por Naturatins, la agencia estatal de inspección ambiental, por deforestar 60 hectáreas de bosques de su reserva legal[9].
Notas
Ver el informe: “Trabalho escravo na indústria da carne”, publicado en enero de 2021 por la ONG Repórter Brasil.
Véase el informe: Carne bovina, bancos e a Amazônia brasileira, publicado en diciembre de 2020 por Global Witness.
Según informe de inspección realizado entre los días 3-25/02/2016, y oficio 069/2018/GEGUR/Naturatins, de 14/12/2018.
El acaparamiento de tierras y la expropiación de comunidades campesinas alimentan el trabajo esclavo
Además del uso directo de mano de obra esclava para llevar a cabo la deforestación y la degradación del medio ambiente, también es importante señalar la relación entre este tipo de explotación y la expropiación de las comunidades campesinas por el acaparamiento de tierras y los grandes proyectos.
La privación de sus territorios y de sus medios de vida hace que estas poblaciones se vean obligadas a emigrar en busca de trabajo para sobrevivir, o que tengan que ir a los márgenes de los municipios vecinos, lo que les hace extremadamente vulnerables a ser reclutados como mano de obra esclava. Así, acaban sometiéndose a un trabajo cada vez más precario, a menudo en condiciones degradantes, de servidumbre por deudas o incluso de extrema violencia física.
Por lo tanto, el trabajo esclavo, ampliamente utilizado para deforestar y robar madera, se alimenta de la concentración de la tierra, del abandono de los asentamientos de la reforma agraria y de la invasión de los territorios tradicionales y sus bosques. Sin duda, garantizar a estas comunidades el acceso a la tierra y la permanencia en sus territorios, con una vida digna, es la mejor arma para luchar contra la esclavitud.
Carolina Motoki es periodista y educadora popular. Es asesora de la Campaña Nacional de Prevención y Lucha contra el Trabajo Esclavo de la Comisión Pastoral de la Tierra.
Ginno Perez es geógrafo e investigador militante. Fue agente pastoral de la Campaña Nacional de Prevención y Lucha contra el Trabajo Esclavo de la Comisión Pastoral de la Tierra.
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