Fuego y deforestación: sustento del sistema político en Colombia
Por Andrea Echeverri, Diego Cardona y John Freddy Gómez
El fuego en los territorios y los ecosistemas presentes en ellos puede presentarse de manera natural o propiciada por el ser humano, con diferentes consecuencias, positivas o deseables hasta negativas o indeseables. Queremos resaltar con ello que el fuego no siempre significa un problema para la naturaleza, sino que en diversos casos trae beneficios para las formas de vida y los ecosistemas, inclusive cuando se produce por ciertas prácticas tradicionales.
Es así como existen ecosistemas o tipos de vegetación dependientes del fuego, han evolucionado con este y algunas de sus especies están adaptadas a él, al punto que su reproducción se ve favorecida; es lo que sucede en los llanos orientales de Colombia y Venezuela, que tienen gran similitud con el Cerrado brasilero. Factores climáticos como épocas de sequía y precipitación tienen incidencia sobre el fuego, pero nos concentraremos en las causas relacionadas con la acción del ser humano, encaminada a la acumulación y reproducción del capital, y no a la reproducción de la vida.
El fuego puede causar graves daños y alteraciones en los territorios, incluyendo su flora y fauna, pueblos y comunidades locales, así como los entramados de vida tejidos entre ellos, cuando es usado de manera errada. Esto es lo que viene sucediendo con mayor frecuencia en inmensas áreas de países donde el agronegocio y la ganadería expanden su producción, como es el caso de Colombia, a cuyas dinámicas y efectos pretendemos acercarnos en este breve artículo, con un acento en la región amazónica.
La información oficial relacionada con pérdida de selvas en Colombia ha resultado de difícil acceso en los últimos años, y realizar seguimiento constante a incendios forestales o deforestación requiere una dedicación considerable. Por tanto, la información de este artículo se fundamenta en fuentes secundarias, que aunque no tan actuales, permiten intuir tendencias y patrones en lo referido a destrucción de selvas en el país.
Acercamiento a la comprensión de los incendios forestales en Colombia
De manera extendida, en Colombia, el fuego ha sido usado de forma descontrolada y las intervenciones humanas en materia de incendios actúan de diversas y complejas formas con efectos catastróficos. No se trata solo de la generación de quemas y fuego directamente, sino que otras acciones y alteraciones antrópicas inciden o están asociadas con la ocurrencia de los incendios; por ejemplo la crisis climática, la introducción de especies invasoras en los ecosistemas o los cambios en el uso del suelo pueden incrementar los incendios. El fuego puede afectar el número y tipo de especies vivas que existen en un lugar, modificar el microclima local o alterar la fertilidad del suelo; es decir, los incendios en la cobertura vegetal tienen efectos en el medio físico, biótico y el llamado abiótico, pero también, suelen generar efectos nocivos de tipo social y económico en los territorios.
En la región del planeta ubicada entre los dos trópicos, la crisis climática y la ampliación de las áreas destinadas a la agricultura son los principales responsables del aumento del número, la superficie y la intensidad de incendios en las décadas recientes[1]. En Colombia, el 45 % de los incendios cada año ocurre en las sabanas, herbazales y arbustales tropicales[2], pero debe tenerse en cuenta que es algo de esperar, toda vez que se trata de vegetación dependiente del fuego, es decir, el desarrollo evolutivo de estos ecosistemas ha estado acompañado por el fuego. De otro lado, en el agrupado en Bosque húmedo tropical y subtropical ocurre el 39% de los incendios. Como este tipo de selvas son independientes del fuego, aquí los incendios no ocurren de forma natural, sino que son principalmente provocados.
Los incendios inducidos son una de las principales causas directas de la degradación forestal y de pérdida de biodiversidad en Colombia, sin embargo, han sido pobremente estudiados y gestionados, como se puede evidenciar con la permanencia del fuego durante varios días en una zona selvática, como ocurrió en la sierra Nevada de Santa Marta, que duró 14 días bajo fuego en 2020[3] y donde se han reportado nuevos incendios en 2022, que han afectado a los pueblos indígenas que habitan la zona. Según en palabras de autoridades arhuacas, los incendios obedecen a “recientes invasiones en el territorio arhuaco y afectaciones por la práctica de “tumba y quema”[4].
Notas
Thompson ID, Guariguata MR, Okabe K, Bahamondez C, Nasi R, Heymell V, Sabogal C. 2013. An Operational Framework for Defining and Monitoring Forest Degradation. Ecol. Soc. 18(2):20.
Armenteras D, González TM, Vargas JO, Meza MC, Oliveas I. 2020. Incendios en ecosistemas del norte de Suramérica: avances en la ecología del fuego tropical en Colombia, Ecuador y Perú. Caldasia vol.42 no.1 Bogotá Jan./June 2020.
Video: incendio en Kankawarwa, pueblo de la Sierra Nevada de Santa Marta. El Espectador (20 de mayo de 2022).
Tras llegar a un pico en años recientes de la tasa de deforestación, de alrededor de 220.000 hectáreas entre 2016 y 2017, los años siguientes se han celebrado como una disminución en la misma, aunque el promedio ha rondado la pérdida de 180.000 hectáreas anuales, que se van a sumar a la deforestación acumulada. Sin embargo, en contraste a esta pírrica disminución, los incendios han aumentado; en febrero de 2022, 597 municipios del país (de un total de 1103) registraron algún tipo de alerta frente a incendios forestales, asociado en muchos casos a la calidad del aire; el Ministerio de Ambiente manifestó que para la fecha, se había presentado el mayor número de puntos de calor en la Amazonía colombiana[5].
De acuerdo a Semana Sostenible, en 2019, resultaron arrasadas cerca de 100.000 hectáreas por más de 7.000 incendios; no obstante del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, cuando menos 53.000 hectáreas de cobertura vegetal, habían sucumbido a casi 3.000 incendios[6]. Para 2022, en febrero las afectaciones por fuegos forestales, en Colombia, ya superaban 86.800 hectáreas[7].
Sin embargo, la información es divergente según las fuentes del Departamento de Bomberos de Colombia, el Instituto de Meteorología, Hidrología y estudios Ambientales -IDEAM- y el por el Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonía Colombiana -SIAT-AC-. Existieron reportes de estadísticas nacionales de incendios forestales de 2002 a 2013 realizados por el IDEAM[8], pero la información actual se encuentra dispersa.
Por estas condiciones, decidimos comparar la información del portal de puntos de calor del SIAT-AC[9], en el período del 1 de enero al 28 de febrero de 2021 y en el mismo lapso de 2022, correspondiente a meses secos. Esta entidad define puntos de calor de la siguiente manera, a partir de nociones de Di Bella y otros (2006)[10] “anomalía térmica sobre el terreno […] en realidad aproximaciones a incendios o puntos potenciales de fuego”.
Esta comparación permite identificar un aumento considerable de los puntos de calor en los seis departamentos amazónicos (Vaupés, Guainía, Guaviare, Putumayo, Caquetá y Amazonas) y de los territorios amazónicos, ubicados en otros departamentos, que no están 100% en la Amazonía (Vichada, Nariño, Cauca y Meta). Para el año 2021 se identificaron 17.714 puntos de calor, frente a 50.625 del 2022. Sin embargo, los municipios[11] en que se concentran estas tendencias coinciden de un año a otro y tienen la particularidad de ser zonas de transición entre los Andes y la Amazonía o la Orinoquía y la Amazonía, por lo cual tienen una importancia ecológica especial. Estos municipios son importantes focos de deforestación.
Investigadoras dedicadas al estudio del fuego y a las dinámicas de la deforestación en Colombia, han encontrado que en la parte noroccidental de la Amazonía los incendios están fuertemente asociados al acceso que dan las carreteras y ríos, así como por la fragmentación de la selva[12]. Camilo Correa, coautor del estudio Rápida pérdida de la conectividad del paisaje tras el acuerdo de paz en la región andino-amazónica, indica que “la conectividad es la característica de un paisaje que facilita o dificulta el movimiento y dispersión de los flujos ecológicos en un espacio geográfico. Esos flujos incluyen desde el desplazamiento de los animales hasta los ciclos biogeoquímicos del ecosistema, como el ciclo del agua”[13]; la fragmentación incide pues en la pérdida de biodiversidad, evapotranspiración, disponibilidad de agua, entre otros.
Existen estudios en Colombia que muestran que la fragmentación en la Amazonía no solo aumenta la ocurrencia y la intensidad de incendios sino que existe un efecto de borde a gran escala, en el cual los incendios más intensos y la mayoría de ellos ocurren cerca del borde de los fragmentos, independientemente del tipo de gestión del territorio[14]. Sin duda, de acuerdo con lo encontrado en la Amazonía, el tipo de manejo del territorio afecta la ocurrencia de incendios, y en el caso de las áreas protegidas y los resguardos indígenas, ambos presentan bajas densidades de fuego, en comparación con áreas sin ninguna categoría de protección o con permisos de aprovechamiento[15].
Si bien, en Colombia los incendios amazónicos no alcanzan la magnitud de vecinos como Brasil o Bolivia, el panorama para los próximos años también es de megaincendios. Cada incendio tiende a ser mayor, que durante los años previos; los modelos en Colombia predicen mayor número, extensión, frecuencia e intensidad de incendios en zonas húmedas donde no han sido usuales. Las condiciones para el fuego son calor, combustible y oxígeno, que suelen traducirse en un iniciador (como un rayo, pero a menudo la acción humana deliberada), vegetación y condiciones climáticas secas que en Colombia, a pesar de no tener estaciones marcadas, tiene una temporada seca entre noviembre y marzo[16]. Por estas condiciones, la mayoría de ecosistemas terrestres en Colombia se caracteriza por ser sensibles al fuego. Aproximadamente el 64% del territorio nacional corresponde a árboles, los cuales pueden durar hasta 100 horas incinerándose, a esto se suma una gran biomasa aérea de más de 150 toneladas por hectárea[17]. En la siguiente gráfica es posible identificar una evolución de hectáreas quemadas a partir del año 2001:
De estos datos y comportamientos, se entiende que la selva amazónica es destruida y el uso del suelo es modificado para actividades humanas. Al igual que en otros países de la región, la selva es talada para establecer pastos en los cuales se cría ganado de manera insustentable; en un recuento de análisis sobre incendios forestales, se señala que, a partir de un análisis de los cambios en el uso del suelo para un periodo de nueve años, “identificaron las interacciones entre el uso del fuego, los cultivos ilícitos y el establecimiento de pastos, su impacto en la pérdida de bosques en la región”[19]. Las investigaciones de Armenteras y otros, han permitido concluir que la deforestación en la Amazonía colombiana se debe principalmente a la tala para establecer pastizales, pero enfatiza en que se trata de un fenómeno más complejo en el cual varios usos de la tierra que emplean el fuego tienen lugar. En ese sentido, el asunto requiere ser abordado considerando el convulso panorama social colombiano.
Notas
Infobae (2022). Incendios en Colombia ¿Qué está pasando y por qué está ardiendo el sur del país? (7 de febrero de 2022)
Torres Romero (2020), op. cit.
Infobae (2022), op. cit.
Ver: SIAT-AC. Puntos de calor. Maps.
DI BELLA, C.M., E.G.; JOBBÁGY, J.M.; PARUELO & S. PINNOCK. 2006. Fire density controls in South America. Global Ecology and Biogeography 15:192-199.
Para 2021, en orden descendente estos municipios fueron San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, La Macarena, San José del Guaviare, Calamar, El Retorno, Solano, Mapiripán, Cumaribo y Miraflores; para 2022: La Macarena, San José del Guaviare, San Vicente del caguán, Cartagena del Chairá, Mapiripán, Calamar, El Retorno, Solano, Miraflores y Cumaribo.
Armenteras D, Barreto JS, Tabor K, Molowny-Horas R, Retana J. 2017. Changing patterns of fire occurrence in proximity to forest edges, roads and rivers between NW Amazonian countries. Biogeosciences 14(11)2755-2765. doi.
Correa en Lizarazo, M.P. (2022) Estamos perdiendo la conectividad entre el Amazonas y los Andes. El Espectador (9 de agosto de 2022)
Armenteras D, Rodríguez N, Retana J. 2013b. Landscape Dynamics in Northwestern Amazonia: An Assessment of Pastures, Fire and Illicit Crops as Drivers of Tropical Deforestation. PLoS One. 8(1):e54310.
Armenteras D, González TM, Retana J. 2013a. Forest fragmentation and edge influence on fire occurrence and intensity under different management types in Amazon forests. Biol. Conserv. 159:73-79.
Arbeláez, N. 2021 “En Colombia también vamos a empezar a ver megaincendios” La Silla Vacía.
UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. sf. Causas, efectos y perspectivas de los Incendios Forestales en Colombia.
Armenteras D, González TM, Vargas JO, Meza MC, Oliveas I. 2020. Incendios en ecosistemas del norte de Suramérica: avances en la ecología del fuego tropical en Colombia, Ecuador y Perú. Caldasia vol.42 no.1 Bogotá Jan./June 2020.
Panorama de la desposesión: Menos selvas, más injusticias sociales
Según OXFAM[20], Colombia se posiciona como el país con mayor tasa de desigualdad en el acceso a la tierra en la región de América Latina, con 1% de las explotaciones agropecuarias que concentran el 80% de la tierra en el país. Sin embargo, si tenemos en cuenta además que un país con un enorme potencial en autoabastecimiento alimentario importe 30% de los alimentos que consume, podemos encontrar algunas pistas para pensar que el uso de la tierra en Colombia, no tiende a beneficiar a su población[21].
El acceso a la tierra ha sido, históricamente, un componente de las injusticias sociales en el país, y por ende, detonante de distintas oleadas de violencia. La tierra ha sido usada como un medio para acumular poder político, en detrimento de una población campesina que por décadas ha reclamado la posibilidad de seguir siéndolo; también ha sido un tema sensible para el sistema político, pues ha sido imposible realizar una Reforma Rural Integral en el país, a pesar de los numerosos intentos que se han exigido por parte organizaciones sociales.
Siendo Colombia un país con una importante cobertura boscosa, no es de extrañar que la deforestación y la expansión de la frontera agropecuaria hayan estado relacionadas con la cuestión social, tan anclada a la tierra. Colombia ha transitado entre una política de “Tierra sin hombres para hombres sin tierra”, de los años 1960, a otra de criminalización de quienes habitan áreas declaradas protegidas en la actualidad. Para resumir muy brevemente esta idea, podemos indicar que por la renuencia del sistema político colombiano, se ha negado la realización de una reforma agraria, o incluso una mera redistribución de la tierra. Y, en desdén de ecosistemas no colonizados y de pueblos indígenas, instó, sobre todo al campesinado, a ocupar y deforestar esos territorios, para poderselos adjudicar. En la actualidad, con mayores presiones ecológicas, el Estado colombiano ha criminalizado la ocupación de los territorios de colonización fomentada por él, y ha perseguido al campesinado que se ve empujado a la ocupación de nuevas áreas.
Así pues, deforestación, desplazamiento forzado y acaparamiento de tierras han configurado el mapa territorial nacional desde el siglo XX. El Centro Nacional de Memoria Histórica[22] plantea que los datos de desplazamiento forzado en Colombia se tasan en aproximadamente seis y medio millones de personas, lo cual incide en la concentración de las tierras en pocas manos, pues, como han indicado diversos estudiosos del conflicto, el desplazamiento, más que una consecuencia, es una motivación para la violencia y el conflicto armado, tal y como lo han expresado Valderrama y Mondragón: “no hay desplazados porque hay guerra, sino que especialmente hay guerra para que haya desplazados”[23].
La política de adjudicación de baldíos en Colombia ha sido un incentivo perverso para la deforestación, incluyendo los incendios forestales, como medio para apoderarse de las tierras. Desde 1821[24] la normatividad ambiental y agraria ha regulado la adjudicación de territorios baldíos desde una perspectiva de explotación agrícola y ganadera, sin reconocimiento de condicionantes ecológicos de los mismos, y como forma de eludir una Reforma Agraria que afectara la concentración de la población rural. Esta política privilegiada de distribución y usos de la tierra “ha sido en parte respuesta y causa de la continuidad de los conflictos agrarios”[25], así como de la pérdida de cobertura forestal de Colombia, que pasó de ser un país con dos terceras partes en selvas hace veinte años, a un país con cobertura forestal de la mitad en 2021[26].
Como la deforestación y los incendios forestales son temas que cobran cada vez mayor importancia, el Estado colombiano ha recurrido a una vieja estrategia de creación de culpables y enemigos, encarnados esta vez en el campesinado que ha venido ocupando zonas ecológicamente sensibles (incluso con el fomento del Estado) para desarrollar su vida. O, en años recientes, se ha dedicado a tumbar monte por alquiler, es decir, el Estado recibe un pago de quienes finalmente se beneficiarán de las tierras deforestadas y que en muchos casos son terratenientes y otros actores políticos y económicos importantes en las regiones. Son los mismos que han usado el acaparamiento de tierras como una fuente de poder, como nos indicó un funcionario del Sistema Nacional Ambiental que ha solicitado no revelar sus datos. El campesinado, eslabón más débil de la cadena, ha sido señalado, estigmatizado y despojado de sus modos de vida, sin que el Estado investigue causas subyacentes de la pérdida de selvas, como la pobreza, el desplazamiento, o el poder político.
La dinámica de despojo por actores violentos va de la mano con los intereses de grandes conglomerados económicos, los cuales se funden con los actores políticos en el país debido a que la tierra en Colombia no se presenta como un activo productivo por excelencia, sino como un factor de poder político y control territorial.[27] El control territorial y su ampliación materializa el incremento de la deforestación en el país y el deterioro del metabolismo natural.
El establecimiento de pastizales se está dando como una forma de acaparamiento de la tierra por parte de grandes terratenientes, sin que necesariamente introduzcan ganado, como solía ocurrir anteriormente en la mayoría de las ocasiones. Es decir, la selva se tala, quema y reemplaza por pastos en superficies inmensas que son acaparadas y controladas por actores de los cuales poco se conoce, y de los cuales, parece, no interesa tener información.
Notas
OXFAM. (2017). Radiografía de la desigualdad. Bogotá: Oxfam Internacional.
Redacción Vivir – El Espectador. 2021. Colombia importa el 30% de los alimentos que consume. El Espectador. (4 de Marzo de 2021)
Centro Nacional de Memoria Histórica. 2015. Una nación desplazada. Bogotá: Centro de Nacional de Memoria Histórica.
Valderrama, M. y Mondragón H. (1998). Desarrollo y equidad con campesinos. Bogotá: TM Editores
Esto habría que matizarse desde 2017 con el reconocimiento de la función ecológica de la propiedad , derivado del Acuerdo de Paz, sin embargo, la implementación de la Reforma Rural Integral, eje del punto 1 del texto final, ha sido, cuando menos, débil.
Beltrán Bustos VM. (2021) Normatividad de la adjudicación de bienes baldíos: Un incentivo perverso a la deforestación en Colombia. Monografía de Grado para optar por el Título de Magíster en Derecho del Estado con Énfasis en Recursos Naturales. Universidad Externado de Colombia.
Caballero, A. 2021. Deforestación y alcaldes. Los Danieles (24 de abril de 2021)
Moncada, C. et al. 2011. Realidades del despojo de tierras : retos para la paz en Colombia. Medellín: CLACSO.
Andrea Echeverri es socióloga, especialista en Educación y Gestión Ambiental. Investigadora del área de Selvas y Biodiversidad de Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia.
Diego Cardona es ingeniero forestal, magíster en Ciencias de Bosques Tropicales, coordinador del área de Selvas y Biodiversidad de Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia y parte del grupo asesor para la Coalición Mundial de los Bosques.
John Fredy Gómez es politólogo, coordinador del grupo de estudio Economía Digna.