Entre la deforestación, los incendios forestales y la apropiación de la tierra: Una breve aproximación al caso de Paraguay

Por Guillermo Achucarro

Relatar y visibilizar el contexto de la deforestación en territorio paraguayo, es definitivamente exponer una de las principales problemáticas relacionadas a la crisis climática en todo el territorio nacional en la actualidad, ya que a partir de este fenómeno en particular se generan un sinfín de desbalances ecológicos, ambientales, así como también una gran disputa desde lo social, económico y político.

Existen sectores de la sociedad mucho más vulnerables que otros ante los distintos fenómenos de la crisis climática, como ser los pueblos originarios, las comunidades rurales y la agricultura familiar campesina, el territorio de los bañados etc. Por otro lado, también existe un sector de la sociedad con “mayor responsabilidad” que otros, en lo que respecta a la actual crisis ecológica a nivel nacional: Los grandes propietarios de tierra relacionados a la actividad agrícola extensiva. Partiendo de este principio, en este artículo se desarrollan algunos elementos esenciales para comprender el contexto estructural y coyuntural de la problemática climática, con el fin de comprender la estricta relación entre la deforestación, el estado, y los sectores de poder en el Paraguay.

Quema ilegal en el Chaco para ampliar campos de soja. Foto: Jim Wickens, Ecostorm/Mighty Earth

La deforestación histórica en Paraguay en un contexto de despojo ecológico

La actual “crisis climática” tiene como origen directo las emisiones producidas por las actividades humanas desde la revolución industrial, de acuerdo al consenso científico; por lo tanto, es fundamental analizar el proceso productivo y reproductivo de la humanidad. Es así que la grave realidad del cambio climático ha dejado de asumirse como un simple fenómeno aleatorio que puede o no afectar a ciertos espacios geográficos del planeta poco o muy vulnerables a ciertas condiciones meteorológicas. Hoy día se ha empezado a visualizar y comprender la magnitud de las distintas catástrofes ecológicas, también en una dimensión económica, social e histórica, es por ello que se asume el término de “Crisis”.

En Paraguay las actividades extractivistas propias del agronegocio se encuentran entre las principales emisoras de gases de efecto invernadero (GEI). La contaminación de GEI a nivel país está concentrada en el sector agropecuario, específicamente a partir del “cambio de uso de suelo” (deforestación) y la agricultura[1]. Este sector a su vez está concentrado en manos de aproximadamente el 2% de la población que es dueña del 85% de las tierras en el país; esto se refleja en el índice de Gini en Paraguay que es de 0.93, lo cual da cuenta de una desigualdad casi perfecta en el país que posee la mayor concentración de tierras del mundo[2].

Por lo tanto, los impactos (tanto ambientales y económicos) de la matriz económica agroexportadora y la inserción de Paraguay en el sistema económico mundial – como proveedor de materias primas por encima del cuidado de los bienes comunes, la naturaleza y la población – están directamente relacionados a la historia que condujo a la desigual posesión de la tierra. Por ende, la problemática de la deforestación debe ser necesariamente comprendida desde una visión estructural y sistémica, y no como un problema aislado, sin relación alguna con el modelo de producción imperante en el Paraguay.

Con 6 millones de hectáreas deforestadas entre el 2001 y el 2019, Paraguay es el segundo país que más cobertura arbórea perdió en la región sudamericana, después de Brasil, según el sistema satelital Global Forest Watch (GFW)[3]. A pesar de tener menos superficie, nuestro país supera en cantidad de áreas destruidas a naciones como Argentina, Perú o Colombia[4].

De acuerdo con el informe de GFW, el 93% de la pérdida de masa forestal en Paraguay se dio por actividades ligadas a la producción de materia prima como la carne vacuna, la soja y la madera. De hecho, Paraguay es considerado uno de los mayores exportadores de soja y de carne en todo el mundo. La Plataforma Nacional de Commodities Sustentables señala en su página web que la producción de soja abarca unas 3.380.000 hectáreas en nuestro país. (La Nación, 2020)

El mapeo satelital de la WWF sobre deforestación señala que en los últimos 10 años se han aniquilado con 231.882 hectáreas en los departamentos que hacen al “Bosque Atlántico del Alto Parana”, que equivale al 45% de todas las áreas protegidas. Sin embargo, la zona deforestada supera en superficie a 24 reservas y parques nacionales que forman los puntos protegidos de la región. Es decir, solo la Reserva de la Biosfera Mbaracayú, de 226.995 hectáreas, hace que la zona deforestada no supere en superficie al total de lo que se protege en esta región del país.

En cuanto a las regiones, la zona del gran Chaco paraguayo (Región Occidental) es la que sufrió la mayor destrucción en el 2019 abarcando el 78% de todo lo que se deforestó en el 2019, es decir, 244.324 hectáreas. En la Región Oriental, la cifra llega a 69.948 hectáreas deforestadas[5]. En un país en el que el 90% de las tierras productivas pertenecen a familias propietarias de grupos agroindustriales, la élite política está estrechamente entrelazada con esos intereses y no ha impulsado políticas coherentes para enfrentar la deforestación en Paraguay[6].

Notas
Acorde al IBA3 elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Paraguay (MADES), el 50,20 % de los GEI provienen del sector “agricultura”, el 29,11% del sector “cambio de uso de suelos”, el 16,28% del sector energía, el 2,59% al sector residuos, el 1,82% del sector IPUU.
El Global Forest Watch (GFW) es un sistema dinámico en línea que monitorea y da reportes sobre las zonas boscosas del mundo. Se trata de un proyecto del Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute, WRI por sus siglas en inglés) y Google, que tiene además la colaboración de 40 instituciones internacionales, como por ejemplo la Universidad de Maryland (UMD), el Centro para el Desarrollo Global (CGD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

La Nación, 2020.

Acorde a la plataforma Global Forest Watch. La deforestación durante el año 2019 está asociada en un 93% a la producción de materias primas. Dicho de otro modo, deforestación a gran escala vinculada principalmente a la expansión agrícola comercial.
La Nación, 2020.

Los incendios forestales como consecuencia directa del modelo económico

Así como en el año 2019 y el 2020, entre los meses de agosto, septiembre y octubre se registraron numerosos focos de incendio en todo el territorio nacional. De acuerdo al Reporte de Focos de Calor sobre la República del Paraguay, el 26 de septiembre de 2020 se detectaron 9.403 focos de calor en todos los departamentos y en la Capital, en mayor número en Pdte. Hayes, Alto Paraguay, San Pedro, Concepción y Canindeyú. Nuevamente en agosto del 2021 se registraron un total de 8699 focos de calor a nivel nacional.

Áreas deforestadas para la ganadería en el Chaco Paraguayo [PNCAT es el Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode, territorio ancestral de los Ayoreo]. Fuente: Global Forest Watch/Earthsigth/Mongabay

Esta ola de incendios afecta sobre todo a los sectores más vulnerables, en particular a los pueblos originarios y los sectores campesinos. En este apartado se exponen varios para comprender la magnitud de la problemática.

El Informe Local Paraguay (IQLPy, 2020)[7] menciona que los incendios forestales y de campos en el Chaco Paraguayo se verifican entre los meses de agosto a octubre, con mayor incidencia de mediados de agosto a mediados de septiembre. El mismo informe afirma que el origen de estos fuegos es en su totalidad antropogénico, pues el fuego es utilizado por el sector de los agronegocios de manera consuetudinaria en el manejo de las pasturas, en base a la práctica de la “quema controlada” de campos, efectuada con el fin de facilitar el crecimiento del follaje de la pastura, manteniendo sus condiciones de nutrición y palatabilidad. En este aspecto, cabe señalar que la gran mayoría de los focos de incendio en realidad ocurren en áreas previamente deforestadas.[8]

En el ámbito de la producción ganadera en la región chaqueña, se verifica un proceso de “sabanización” de ambientes de matorral y de bosque. Con la adopción de prácticas que se apartan de los parámetros cuantitativos y cualitativos que conforman el “equilibrio” ambiental en los sistemas tradicionales, se pierde la capacidad humana de controlar la quema y la capacidad natural de limitar los incendios. Esto ocurre cuando se transfiere la práctica de la quema a otros ambientes no adaptados al fuego como lo son las praderas y sabanas. En el ámbito del sistema tradicional, compuesto principalmente por especies de gramíneas nativas, la biomasa combustible disponible normalmente es de rápida combustión y de escaso potencial de almacenamiento de temperatura, lo que origina procesos de ignición efímeros o casi fugaces, con pocas probabilidades de expansión a otros tipos de vegetación de mayor densidad (IQLPy-2020).

La imprudencia de los que practican la “quema controlada” ha aumentado la eficaz dispersión de los incendios iniciados en toda la geografía del Paraguay y no sólo en el Chaco, aunque, es en el Chaco que los incendios adquieren dimensiones inmensas

Un ejemplo de comunidades completamente vulnerabilizadas ante la gran problemática de los incendios forestales es el pueblo Ayoreo Totobiegosode, históricamente arraigado en el “Chaco Paraguayo”. En el 2019, los fuertes incendios en el Chaco paraguayo le obligaron al menos a un grupo Ayoreo aislado a emigrar a otra parte del Chaco debido a la imposibilidad de alimentarse ante el daño ambiental. Esta migración forzada aumentó drásticamente la posibilidad de un encuentro no deseado con grupos no indígenas[9].

Según la plataforma “Global Forest Watch” (GFW), durante la última semana de setiembre del 2020 fueron identificados un total de 276 focos de incendios dentro del Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode (PNCAT), territorio históricamente ancestral ayoreo. De esos 276 focos de incendio, 91 provenían de la estancia “Yaguareté Pora”[10] que se encuentra ubicada dentro de la reserva protegida PNCAT. La comparación de imágenes satelitales llevada a cabo por la organización “Earthsight”, fue realizada entre el 23 y el 28 de setiembre del 2020. La misma muestra un total de 12.7 hectareas “recién quemadas”.[11]

Nuevamente en el mes de octubre, “Earthsight” observó un aproximado de 200 focos de incendio dentro del territorio ancestral Ayoreo. Alrededor de 150 de estos focos estaban dentro de la propiedad de “Caucasian SA”, otra empresa brasileña que ya tuvo disputas legales y territoriales con los Ayoreo Totobiegosode. Dichos focos de calor dentro de la propiedad de “Caucasian SA” se encuentran en lugares donde previamente se habían denunciado deforestación ilegal.

Notas

Mencionado en GTI PIACI (2020).

Se hace esta aclaración de manera a establecer una diferencia entre las prácticas relacionadas a la agricultura extensiva y las prácticas campesinas históricas. Como se menciona en la introducción del presente artículo, la deforestación en Paraguay está directamente relacionada a la actividad del agronegocio. Por ende, la actividad de “quemas controladas” en los campos a nivel nacional está ligada a este sector.

Revisado el 21 de noviembre de 2020.

Empresa brasileña dedicada al ganado. Adquirió 78.000 hectáreas dentro del territorio ancestral Ayoreo en el año 2002 a través de contactos políticos.

Earthsight, 2020.

El rol del Estado

El Estado paraguayo ha actuado consistentemente para promover la deforestación desenfrenada del Chaco al generar y mantener condiciones óptimas para la expansión de la ganadería y el agronegocio.

El informe “Yvy Jára (Dueño de la Tierra)” de Oxfam describe este fenómeno. A los ganaderos, que muchas veces son extranjeros, se les ofrece: “desde el bajo precio de la tierra hasta la baja presión fiscal (con el impuesto a las ganancias y el IVA más bajos de la región), pasando por la ausencia de aranceles a la exportación, la inexistencia de límites a la tenencia de la tierra, los incentivos fiscales a la inversión externa (que incluyen la exención del impuesto a la renta durante los primeros años de la inversión), los tratados internacionales que protegen las inversiones o la práctica ausencia de restricciones a la compra por parte de extranjeros. (…) A todo esto, se suman los casi inexistentes controles estatales del cumplimiento de las normas ambientales y laborales”[12].

La mencionada falta de cumplimiento de leyes ambientales es notable. Por ejemplo, a pesar de que la Ley Forestal (422/73) estipula que los terratenientes en el Chaco deben dejar el 25% de sus tierras como reservas naturales y otro 15% como franjas boscosas entre zonas deforestadas, datos del Instituto Forestal Nacional (INFONA) demuestran que el 24% de la deforestación en el Chaco paraguayo en el periodo de 2017 a 2018 se realizó sin una licencia ambiental obligatoria para el cambio de uso de suelo[13].

El gobierno actual sigue promoviendo el desarrollo acelerado del Chaco[14] y el presidente Abdo Benítez se ha mostrado como fuerte defensor de los intereses del sector ganadero y del agronegocio, tildando de “haraganes” a los que buscan una reforma tributaria que podría afectar este sector[15].

Notas

Guerreña, A. Rojas, L. 2016.

Revisado el 15 de noviembre de 2020.

Revisado el 19 de noviembre de 2020.

Guillermo Achucarro es Ingeniero Ambiental por la Universidad Nacional de Asunción con Master en hidrología por la Universidad de Montpellier-Francia. Es investigador sobre políticas climáticas y transición energética en BASE-Is, docente universitario y militante social.