América del Sur: la destrucción “verde” de la selva amazónica
Secretariado Internacional – Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)
Desde hace décadas, el continente latinoamericano, incluido el Caribe, ha tenido la tasa de deforestación tropical más alta del mundo, en comparación con África y Asia. Entre 2001 y 2013, se destruyó una media de alrededor de 4.2 millones de hectáreas al año en el continente, frente a 2.3 y 1.8 millones de hectáreas al año en Asia y África, respectivamente. En el período 2014-2018, esta tasa promedio en el continente latinoamericano alcanzó los 5.5 millones de hectáreas por año.
Gran parte de esta destrucción en América Latina se concentra en la región amazónica. En 2021, entre los 10 países con mayor pérdida de bosques tropicales primarios del mundo, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia ocupan el primer, tercer, quinto y sexto lugar respectivamente. Solo en estos cuatro países, 2.12 millones de hectáreas de bosque fueron devastadas ese año.
Para comprender el proceso de deforestación es necesario comprender no solo sus causas más visibles -como la tala y extracción ilegal de madera, o el avance del agronegocio y la minería-, sino, sobre todo, las causas subyacentes. Estas tienden a ser ocultadas, menos discutidas y mal comprendidas, y están estrechamente vinculadas a las diversas formas de opresión del sistema capitalista-racista-patriarcal, así como al legado colonial. Además, más recientemente, es necesario comprender cómo proyectos promovidos como “soluciones” a la crisis climática se han convertido en nuevas causas subyacentes de la deforestación.
El primer y último análisis integral de estas causas a nivel mundial se realizó en 1999[1], coordinado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con una importante participación de la sociedad civil en los principales países con bosques.
Lo que más llama la atención al releer las causas señaladas en 1999 es que la gran mayoría de ellas siguen siendo de extrema actualidad[2]:
- los grandes proyectos de “desarrollo” o de infraestructura, como represas, carreteras, proyectos mineros y de extracción de petróleo, se perpetúan en una alianza entre el Estado y el gran capital;
- el agronegocio, probablemente más destructivo que en 1999, sigue avanzando y forma parte de un proceso más amplio de tala y extracción ilegal de madera, incendios forestales, especulación y acaparamiento de tierras;
- los patrones de inversión, deuda, las políticas macroeconómicas, los flujos mundiales de commodities y las relaciones comerciales siguen siendo fundamentales en los procesos de deforestación en todo el mundo;
- la legislación permite, por ejemplo, otorgar tierras estatales a grandes empresas del sector maderero, minero o de plantaciones de árboles;
- los diversos proyectos de “conservación de la naturaleza” continúan hostigando y saqueando a los pueblos de los bosques para establecer áreas protegidas oficiales;
- los Estados, las grandes empresas, las ONGs (o los tres al mismo tiempo), siguen utilizando métodos militarizados para centralizar el control de los bosques;
- persiste el no reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, así como la discriminación. En los últimos años ha habido una creciente criminalización de comunidades y pueblos mientras que las actividades destructivas son 'despenalizadas', y a veces hasta fomentadas explícitamente;
- el debilitamiento de las condiciones para la supervivencia y de las luchas de defensores y defensoras de los bosques continúa socavando la protección de estos territorios.
Notas
El informe final de 1999 se tituló “Abordar las causas subyacentes de la deforestación y la degradación forestal: estudios de casos, análisis y recomendaciones de políticas”.
WRM, Cómo las políticas y las agencias sobre bosques promueven la destrucción sostenible”, 2022. Disponible para consulta en la página electrónica.
Las viejas-actuales causas de la deforestación
La deforestación en América Latina y el Caribe es mayor no solo porque la selva amazónica es el bosque tropical más grande del mundo, sino también por la escala y la velocidad de los avances cada vez más largos del agronegocio, de la minería, de la extracción de combustibles fósiles y la realización de obras de infraestructura.
En Venezuela, por ejemplo, impulsada por la crisis económica, se instaló un extractivismo depredador basado no tanto en el petróleo sino en otras formas de minería. El principal proyecto se denomina Arco Minero de Orinoco, que cubre el 12% del territorio nacional, parcialmente en la región amazónica venezolana, con capital privado e internacional. En 2016, el gobierno creó una Zona Económica Especial, una área geográfica con leyes especiales que debilitan radicalmente las normas ambientales y los derechos sociales, entre otros problemas. Al mismo tiempo, el gobierno estableció acuerdos con las empresas involucradas, cuyos detalles no se han hecho públicos. Además, se le otorgaron poderes especiales al ejército para garantizar la continuidad de la minería y reprimir la resistencia[3].
Otro ejemplo son las obras de infraestructura, realizadas bajo el discurso de promover el “desarrollo” y la “integración” de América del Sur. Sin embargo, estas carreteras, vías férreas e hidrovías, así como puertos, aeropuertos y centrales hidroeléctricas, sirven sobre todo para exportar la cada vez mayor cantidad de commodities y productos que resultan de las actividades extractivas. No atienden las demandas de las poblaciones de la región, dejando únicamente impactos, muchas veces devastadores.
El plan principal para América del Sur es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). El Plan IIRSA fue lanzado en el año 2000 por 12 gobiernos de América del Sur, contemplando más de 500 proyectos. Gradualmente, las inversiones en infraestructura se transformaron en la forma más nueva de expansión del capital financiero con el potencial de generar grandes ganancias, especialmente a través de asociaciones público-privadas ventajosas para el sector privado, mientras que los gobiernos nacionales asumen los riesgos[4]. Hoy en día se oye hablar de “obras extremas de infraestructura”. Son megacorredores que conectan los lugares donde la extracción es más barata con los centros de fabricación y consumo a una escala y velocidad cada vez mayores[5].
Un ejemplo es la construcción del tramo entre el municipio de Cruzeiro do Sul, en Brasil, y Pucallpa, en Perú, de la carretera interoceánica, que conectaría el noroeste de Brasil con el suroeste de Perú, cuya construcción comenzó hace más de 20 años. Los pueblos indígenas de ambos países se opusieron en una carta abierta al proyecto, denunciando que “la construcción de la carretera está dentro de un modelo de desarrollo depredador que incluye la explotación de minerales, madera, petróleo y gas. Ubicados en la región, con la cuenca de agua dulce superficial más grande del mundo, aún existen territorios indígenas sin demarcar y la presencia de pueblos en aislamiento voluntario que continúan siendo ignorados y negados[6]”.
A los impactos ya dañinos de las carreteras se suman los impactos de los proyectos ferroviarios en la Amazonía brasileña. El llamado “Ferrogrão”, por ejemplo, que unirá el norte del estado de Mato Grosso con el puerto de Miritituba (estado de Pará), en el río Tapajós, en Pará, pasaría por unidades de conservación y tierras indígenas, y tiende a agravar aún más los impactos de la carretera BR-163, que ingresa a la Amazonía desde la región centro-oeste, la mayor productora de granos del país[7]. Históricamente, proyectos como estos fueron y son los principales impulsores del aumento de la deforestación, generando impactos devastadores en las poblaciones de los bosques.
Notas
Nick Hildyard, Infraestructura cada vez más extrema, 2019.
Ferrogrão e o novo ciclo de exploração da Amazônia, 2021. Disponible en Portugués.
La destrucción “verde”: nuevas causas subyacentes de la deforestación
Que las causas subyacentes de la deforestación identificadas en 1999 sigan vigentes no significa que nada haya cambiado. La mayoría de las “soluciones” propuestas supuestamente para combatir la deforestación provocada desde entonces por gobiernos, bancos, grandes ONG de preservación[8], entre otros, se han convertido en nuevas causas subyacentes.
La principal es el mecanismo REDD, sigla en inglés que significa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal. El REDD surgió en 2005 como parte de las conferencias climáticas de la ONU con la promesa de reducir y combatir la deforestación de manera rápida, sencilla y económica y, por lo tanto, reducir las emisiones de carbono a la atmósfera y el impacto del cambio climático. El argumento es que sería más ventajoso “mantener el bosque en pie” que talarlo.
En los bosques tropicales, para aprobar un proyecto REDD, una empresa u ONG elige un área de bosque que supuestamente está amenazada, y hace una proyección de cuánto de esa área sería deforestada en un período de entre 30 y 50 años. A partir de ahí, se hace un cálculo hipotético de cuántas hectáreas se conservarían si se implementara allí el proyecto REDD y, en base a ello, la cantidad de carbono cuya emisión se evitaría. Estos cálculos son la base para la emisión de créditos de carbono, certificados por empresas consultoras, para ser vendidos.
Estos créditos son comprados, por ejemplo, por empresas de los sectores de extracción de petróleo, aviación, de commodities alimenticias globales o minería, la mayoría de ellas en el norte del globo. Ellos “compensan” la contaminación que generan diciendo que están conservando bosques lejanos. Con ello, “compran” el derecho a contaminar la atmósfera con una cantidad de carbono supuestamente equivalente a la cantidad “almacenada” en el área de bosque cuya destrucción se habría “evitado”. La “compensación”, por lo tanto, es la palabra clave del mecanismo REDD[9].
Además, se han instalado proyectos REDD en territorios de comunidades que dependen de los bosques, aunque no estén oficialmente demarcados. Consideradas culpables de la deforestación, se les impide utilizar estos espacios y realizar actividades fundamentales para su sustento. Así, REDD refuerza la suposición equivocada de que no hay posibilidad de coexistencia entre las poblaciones y los bosques, como si la forma de vida de estas comunidades fuera de alguna manera comparable al grado de destrucción causado por el agronegocio, este sí, antagónico a la conservación de los mismos. Así, REDD genera problemas a las comunidades en ambos extremos: en los bosques donde se instalan los proyectos[10], pero también en las comunidades que viven en el entorno de las empresas del norte global, que con REDD, pueden seguir contaminando más.
En más de 15 años del mecanismo REDD, la deforestación no se ha reducido, al contrario. Los más de 300 proyectos[11] en todo el mundo nunca han priorizado los lugares con mayor deforestación. El agronegocio, la minería, los monocultivos, entre otros, siempre han sido más rentables que mantener el “bosque en pie”, y esto deja claro los intereses detrás de proyectos como REDD: la continuidad del derecho a contaminar. Por lo tanto, contribuyen al empeoramiento de la crisis climática, en lugar de mitigarla.
Notas
Cuando hablamos de “preservación” o entidades “preservadoras”, nos referimos a la idea de estas entidades de que para garantizar la supervivencia de los bosques es necesario crear “áreas protegidas” o “parques nacionales”, preferiblemente sin la presencia de comunidades humanas desde la perspectiva de que los seres humanos destruyen la naturaleza. En cambio, el “conservacionismo” entiende que para proteger los bosques es fundamental la presencia y participación de las comunidades que dependen de los bosques. Según muchos estudios en el mundo, donde hay bosque, es gracias y debido a la presencia de comunidades humanas que cuidan el bosque que consideran su “hogar”, ya que sin el bosque no pueden llevar a cabo su forma de vida.
Disponible para consulta en la página electrónica.
A punto de ser publicado, un estudio reciente del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) en el municipio de Portel, en Pará, Brasil, muestra que la ubicación de cuatro proyectos REDD, ocupando un área equivalente al 20% del territorio de Suiza, no coincide con las zonas de mayor riesgo de ser destruidas del municipio- que son las zonas más cercanas a la vía transamazónica, donde se registró la mayor concentración de incendios forestales[12].
Los proyectos REDD de Portel, por el contrario, se ubican en los territorios de las poblaciones ribereñas. Allí, los impulsores de los proyectos han ayudado a los pobladores a completar el CAR (Cadastro Ambiental Rural, Registro Ambiental Rural), en áreas de alrededor de 100 hectáreas, alegando de mala fe que el registro sería un título de propiedad. Sin saberlo, al aceptar el CAR, las familias ribereñas estarían accediendo con la condición implícita de mantener sus actividades de sobrevivencia restringidas al área registrada, sin permiso para ingresar al resto del área del proyecto REDD, comprometiendo así el acceso a un territorio mayor donde mantienen sus prácticas tradicionales- que incluyen quemar pequeñas áreas para sembrar, plantar árboles frutales, recolectar alimentos y otras frutas del bosque.
Una de las empresas que compró el “derecho a contaminar” del proyecto Portel es la aerolínea francesa Air France. La compañía afirma que todos sus vuelos domésticos ahora serían “neutros en carbono”, siendo “compensados” con créditos comprados al proyecto en Portel y otros proyectos en el Amazonas[13]. La aviación mundial representa el 3.5% del impacto causado por las actividades humanas en el calentamiento global[14]. Además de Air France, los proyectos de Portel ya han vendido “créditos de contaminación” a más de 400 compañías, incluidas Samsung, Repsol, Amazon, Toshiba, Delta Airlines, Boeing, Kingston e incluso el club de fútbol inglés Liverpool.
Notas
El estudio sobre proyectos REDD en Portel es una nueva publicación del WRM que será lanzada a finales de 2022.
Disponible para consulta en la página electrónica (en Portugués).
Actualmente hay 99 proyectos REDD certificados o en proceso de certificación[15] en los cuatro países con mayor deforestación en la región amazónica (Brasil, Bolivia, Perú y Colombia). Además, hay un número desconocido de otras iniciativas REDD no certificadas.
También hay varios programas propuestos por los gobiernos nacionales en la región amazónica. En Colombia, por ejemplo, un decreto de 2017 permite a las empresas alcanzar la “neutralidad de carbono” mediante la compra de “compensaciones”, incluso a través de proyectos REDD. Con ello evitan pagar impuestos por contaminar el aire en base al “carbon” que emiten las empresas, debido a una ley anterior de 2016 que buscaba incentivarlas a reducir su contaminación. En 2021 se tenían registros de 75 proyectos REDD de este tipo en el país[16].
También existen programas REDD de los gobiernos estatales, como los de los estados de Acre y Mato Grosso en Brasil, financiados por los gobiernos de Alemania, Noruega y el Reino Unido. El pago, en este caso, no proviene de la venta de créditos en el mercado de carbono, sino que se basa en supuestos “resultados”: los gobiernos de los estados están siendo “premiados” con el pago porque tuvieron una reducción en la tasa de deforestación en un cierto período de tiempo pasado, convenido entre las partes.
Ambas partes también acuerdan una tasa de deforestación que consideran aceptable en el presente, y los pagos en años posteriores se realizan si la deforestación no supera esa tasa. Esto puede llevar a la situación contradictoria en la que estos gobiernos reciben pagos incluso si la deforestación está aumentando, como ha sido en Mato Grosso. Además, si bien el financiamiento de este tipo de programas REDD no proviene del mercado de carbono, uno de sus principales objetivos es preparar a estos estados para que puedan ingresar a este mercado lo más rápido posible.
Vale la pena recordar que la mayor reducción reciente de la deforestación en Brasil se logró en el período (2004 a 2009) cuando prácticamente no había proyectos REDD en Brasil, y esta reducción se debió en gran parte a políticas públicas efectivas.
Notas
Disponible para consulta en la página electrónica.
Tamra Gilbertson. Carbón y carbono manchados con sangre en Colombia, 2022.
El nuevo REDD: Soluciones basadas en la naturaleza (SBN)
El fracaso de REDD sugiere que la idea debería ser abandonada, pero no es así. Para algunos, REDD no ha sido un fracaso: las grandes ONGs “preservadoras”, las empresas del mercado de carbono, las consultoras que elaboran y validan los proyectos, los gobiernos nacionales y estatales, las certificadoras, entre otros, se embolsaron en conjunto miles de millones de dólares en los últimos 15 años por medio del REDD. Este, a su vez, tampoco ha sido un fracaso para las grandes empresas, como las petroleras, que han podido expandir sus actividades contaminantes diciendo que “compensan” sus emisiones.
Pero decidieron cambiar el nombre. REDD ahora se conoce cada vez más como “Soluciones basadas en la naturaleza” (SBN)[17]. Las SBN fueron lanzadas hace años por la UICN[18] y relanzadas en 2019 en la conferencia climática de la ONU en base a un estudio de la ONG TNC (The Nature Conservancy). Este estudio se basa en hipótesis muy dudosas, por ejemplo, que con las SBN sería posible lograr, para 2030, alrededor de 1/3 de las reducciones de emisiones necesarias para controlar mínimamente el caos climático. Esto significa que la tendencia es que se propondrán muchos más proyectos de compensación del tipo REDD con este nuevo nombre. Las SBN se vuelven aún más peligrosas para las comunidades que dependen del bosque porque están vinculadas a otra propuesta, el plan denominado “30×30”, que pretende conservar el 30% de las áreas naturales del mundo para 2030.
La frase mágica del momento para todos los sectores de la industria mundial es la de alcanzar un nivel de emisiones “neutro en carbono”. En lugar de reducir drásticamente su contaminación y sus emisiones, lo que comprometería sus beneficios, prefieren “compensar” su contaminación con SBN, en particular, “protegiendo los bosques”, lo que no hace nada por salvar el clima, como hemos comentado antes.
Como resultado, actualmente existe una verdadera competencia por la apropiación de tierras con bosques en la Amazonía por parte de empresas y ONGs. Muchas comunidades están siendo acosadas para firmar contratos con empresas de “carbono” para que puedan vender créditos de contaminación a industrias internacionales y, cada vez más, también para empresas nacionales[19]. Como es una nueva tendencia, todavía no es posible encontrar fácilmente proyectos de SBN en la Amazonía. Pero los proyectos prometen seguir la lógica del mecanismo REDD y ser aún más grandes[20].
Dado que las SBN también pueden abarcar la agricultura, el agronegocio brasileño es uno de los sectores que más se ha destacado a nivel mundial, por ejemplo, ampliando la plantación de árboles con el monocultivo de eucalipto y la llamada “agricultura baja en carbono”[21]. Se trata de un conjunto de planes que incluyen agregar aditivos a los alimentos para animales y la introducción de prácticas agrosilvícolas y de manejo del suelo. Todo esto no es más que una aberración si tenemos en cuenta sus planes de mega expansión, con todos los incendios y deforestación necesarios para su ejecución. Por no hablar del consumo de derivados del petróleo en toda su cadena, incluidos fertilizantes químicos y agrotóxicos, lo que ayuda a explicar por qué la cadena productiva alimentaria basada en el agronegocio ya es responsable de hasta el 37% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero[22].
Economía “baja en carbono” o economía “verde”
Pero los actores del gran capital financiero-industrial no solo piensan en pintarse de “verde” con proyectos de carbono “neutro”. Afirman que han puesto en marcha un proyecto de transición de la base energética de la sociedad. Lejos de ser una transformación hacia una economía más justa climática y socialmente, pretenden (con lo que llaman una economía “baja en carbono” o “verde”) mantener y fortalecer su hegemonía y poder. Si bien mecanismos como REDD y las SBN aseguran que pueden beneficiarse de una economía dependiente de los combustibles fósiles durante más tiempo, también saben que inevitablemente necesitan diversificar sus fuentes de energía, ya que el petróleo por sí solo no será suficiente. Además, existen enormes presiones por parte de la sociedad civil, los inversores y los consumidores por un mundo “más verde”.
Es un error pensar que esta nueva matriz energética, basada en energía eólica, mega hidroeléctricas, biomasa, energía solar, entre otras, reducirá la deforestación y/o las actividades extractivas. Por el contrario, estos proyectos también demandarán grandes cantidades de tierra. El símbolo de la “economía baja en carbono” se llama coche eléctrico, y necesita, además de los metales y minerales habituales (como el hierro y el aluminio), una serie de nuevos minerales y metales cuya extracción supondrá aún más destrucción y deforestación.
Ecuador es un ejemplo de cómo la nueva “economía baja en carbono” ya está impactando el bosque y sus poblaciones. En los últimos años, ha habido una verdadera competencia por el bosque para extraer árboles de balsa, una madera ideal en la creciente industria de turbinas eólicas de China. Ecuador ya se ha convertido en el mayor exportador mundial de esta madera. Irónicamente, mientras China anuncia metas de “neutralidad en carbono” a base de más parques eólicos, la destrucción de bosques en busca de árboles de balsa en Ecuador, y también en Colombia y Perú, continúa aumentando, además de otros impactos: los problemas que provocan los aserraderos móviles en las comunidades, como la contaminación de los ríos; el desequilibrio en el bosque con la extracción desenfrenada; impactos sociales como explotación laboral, conflictos y divisiones en las comunidades[23].
Consideraciones finales
Algunas de las “soluciones” para luchar contra la deforestación y la crisis climática, impuestas desde arriba hacia abajo, se presentan con promesas y como beneficios seductores a corto y largo plazo, y muchas veces transmitidas por ONGs que dicen ser amigas del bosque y de las comunidades. Pero el discurso de la economía “baja en carbono” es extremadamente conveniente para las empresas que realmente destruyen los bosques a gran escala.
Son propuestas y mecanismos perversos porque su objetivo central es dar condiciones para la supervivencia a las industrias contaminantes (y a sus ganancias), al mismo tiempo que desequilibran el clima global en un corto espacio de tiempo. Las SBN, incluso más que el REDD, conducirán a una carrera desenfrenada por las tierras de las comunidades, aumentando la presión sobre sus territorios por las actividades destructivas habituales, así como por los nuevos ataques “verdes”.
Es un escenario que apunta a la importancia de fortalecer la resistencia en los territorios afectados por los proyectos impuestos, ya sean proyectos destructivos y/o “verdes”, así como la articulación, unión y solidaridad mutua entre las comunidades impactadas. Especialmente porque los proyectos que destruyen el bosque y los proyectos “verdes” dependen uno del otro para ser viables: ambos son parte de la misma lógica nefasta que necesita ser expuesta y combatida.
Notas
La Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza está compuesta por gobiernos, ONGs y otros actores.
Con el Acuerdo Climático de París (2016), ahora no solo los países tradicionalmente responsables de grandes emisiones de carbono (Europa, América del Norte, Japón, Australia) tienen que establecer sus objetivos de reducción de emisiones de carbono, ahora todos los países que firmaron el Acuerdo, incluidos los sudamericanos, tendría esta obligación.
La empresa Biofílica en Brasil, por ejemplo, detrás de varios proyectos REDD en la Amazonía brasileña, como el proyecto REDD propuesto en la RESEX (Reserva extrativista) Tapajós-Arapiuns en 2015, rechazado por los habitantes de la Reserva, fue comprado por el Grupo AmbiPar en 2021. Así, la AmbiPar anunció que “el plan de expansión para los próximos meses prevé una inversión masiva en el desarrollo de proyectos y programas de carbono Nature Based Solutions (SBN, NBS por sus siglas en inglés). Disponible para consulta en la página electrónica (en Portugués).
Disponible para consulta en la página electrónica (en portugués).
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Secretariado Internacional del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (World Rainforest Movement)