Pará

Amazonía

El proceso de ocupación y colonización de la región amazónica provocó (y provoca hasta el día de hoy) un proceso de extrema violencia para las poblaciones que siempre han vivido en sus territorios, conviviendo con la mala gestión e inoperancia de organismos públicos incapaces de actuar en la resolución de los conflictos. Muchos de estos conflictos fueron provocados por la connivencia del propio Estado.

En este texto, sistematizamos el caso del Proyecto de Desarrollo Sostenible (PDS) Terra Nossa, a través del cual es posible evidenciar una de las varias realidades conflictivas existentes en la Amazonía brasileña, con énfasis en la situación de deforestación, incendios, conflictos agrarios y el avance de los agronegocios.

El PDS Terra Nossa fue creado por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) en junio de 2006[1], con una superficie de 149.842 hectáreas, parte en la parcela Curuá (33.7% del área del PDS) y parte en la parcela Gorotire (66.7%). Está ubicado en los municipios de Novo Progresso y Altamira, ambos en el sudoeste de Pará. Novo Progresso está a orillas de la carretera BR 163, en la frontera entre Pará y Mato Grosso.

El contexto de creación del PDS: el Estado de ilegalidad

Es importante traer un breve panorama histórico del contexto en el que se inserta el PDS, comenzando con la creación de municipios en la región suroeste de Pará. Un estudio realizado por Castro, Monteiro y Castro[2] muestra que el origen del municipio de Novo Progresso y del distrito de Castelo de Sonhos, municipio de Altamira, tuvo como punto de partida las políticas de colonización de los gobiernos de la dictadura militar, aunque la ocupación en esta región se intensificó con la construcción de la carretera BR-163 (inaugurada en 1976) y el flujo de población sólo disminuyó en la década de 1990.

El geógrafo Ariovaldo Umbelino de Oliveira[3] demuestra que estas ciudades nacieron y se constituyeron a partir de actividades ilegales contra la propiedad pública, como la grilagem (acaparamiento de tierras), la explotación de empresas madereras y la extracción ilegal de oro. Estas actividades han atraído a empresarios provenientes principalmente del Sur de Brasil para apropiarse de las tierras y explotar los bienes naturales de la región y, por otro lado, migrantes del Nordeste del país empobrecidos en busca de tierra y trabajo.

En este contexto se inserta el proceso de ocupación de familias asentadas en el PDS Terra Nossa en la década del 2000, a través de sorteos de lotes, como lo demuestra el propio INCRA en su diagnóstico territorial agrario:

Las familias inicialmente asentadas en el PDS Terra Nossa vivían en el PDS Vale do Jamanxim, creado en 2005 en el área donde se creó el Bosque Nacional do Jamanxim (Flona) al año siguiente. Con la creación de la Unidad de Conservación, las familias se vieron obligadas a abandonar el PDS Vale do Jamanxim y se unieron a dos campamentos de trabajadores sin tierra apoyados por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales de Novo Progresso (STTRNP). A partir de un sorteo realizado entre las familias acampadas, el INCRA seleccionó a los beneficiarios para ocupar 240 (doscientos cuarenta) lotes inicialmente delimitados, aunque la capacidad del proyecto es de 1 000 familias y había 1 000 lotes proyectados[4].

En los terrenos donde se implementó el asentamiento de la reforma agraria ya existía el proceso de acaparamiento de tierras con la conformación de muchas áreas consideradas como haciendas. El Incra realizó el registro y ocupación de los lotes por parte de las familias. Sin embargo, no retiró a los “terratenientes” y ocupantes irregulares del PDS, aunque el diagnóstico de tierras de la propia dependencia había identificado su presencia, hecho que contribuye a varias situaciones de conflictos y violaciones de los derechos humanos existentes hasta el día de hoy.

Solo en 2018 hubo 3 asesinatos de trabajadores rurales. Hay fuertes indicios de un cuarto asesinato en el mismo año, ya que un sindicalista que sufrió varias amenazas (debido al conflicto por el acaparamiento de tierras) desapareció y su cuerpo nunca fue encontrado. Actualmente, algunos colonos viven con amenazas de muerte, como Maria Marcia Elpidia de Melo, incluida en el Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos del estado de Pará. La líder sufrió un atentado contra su vida en 2020 cuando un automóvil la persiguió y chocó contra el vehículo en el que se encontraba, con sus ocupantes afirmando que ella “debería morir”[5]. Su hijo, que también vivía en uno de los lotes, fue golpeado y amenazado de muerte. De acuerdo a la líder comunitaria:

los que enfrentan mueren, desaparecen. Y se inventan cualquier historia para justificarlo. Entonces la policía va para allá y dice que bebió cachaza, peleó, murió y eso fue todo[6].

El PDS Terra Nossa es una prueba clara del papel del Estado como principal violador de los derechos humanos: el “abandono” de los asentados regularmente inscritos en la lista de beneficiarios del PDS Terra Nossa no puede ser visto como ausencia o falta de estructura para la resolución de conflictos. Cada día se demuestra la intencionalidad del Estado en su forma de actuar, favoreciendo a los ocupantes irregulares en perjuicio de los colonos. La convivencia entre asentados legítimos que cumplen con los criterios exigidos por la legislación para ser beneficiarios de la reforma agraria y, por otro lado, terratenientes y madereros con intereses y perfiles divergentes, no puede ser pacífica, pues este hecho, por sí solo, configura ya una situación de conflicto de intereses.

El resultado de esto es el escenario de violencia y degradación ambiental de este territorio, que en teoría debería ser un Proyecto de Desarrollo Sostenible, una modalidad de asentamiento diferenciada creada por el mismo Incra por ser una región con vasta selva alrededor de un mosaico de unidades de conservación ambiental. En ella, el extractivismo tradicional y el manejo sustentable para la subsistencia de los asentados deben convivir armónicamente con la naturaleza, manteniendo conservada la zona colectiva de reserva de bosque. Sin embargo, la reserva está completamente ocupada por haciendas ganaderas y, luego del llamado “Día del Fuego”, las grandes plantaciones de soja se consolidaron y expandieron alrededor del PDS.

Notas
Ordenanza n°03 del Incra/SR-30.
CASTRO, E. R.; MONTEIRO, R.; CASTRO, C. P. Dinâmica de atores, uso da terra e desmatamento na rodovia Cuiabá–Santarém. Belém: NAEA, 2004.
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. BR-163 CUIABÁ-SANTARÉM: Geopolítica, grilagem, violência e mundialização. En: TORRES, Mauricio. Amazônia revelada: os descaminhos ao longo da BR 163. Brasília. CNPQ, 2005, pp. 67–183.
INCRA. Diagnóstico Fundiário do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do PDS Terra Nossa. Orden de servicio nº54/2016/INCRA/SR30G. Santarém, 2016. p. 23.

Maria Marcia Líder do “PDS–Terra Nossa” sofre atentado. Disponible para consulta en la página electrónica.

Reportaje “’Eu sei que vou morrer. Só não quero que matem meu filho’, diz liderança no Pará”, Ciro Barros (Agência Pública, 03/09/2019). Disponible para consulta en la página electrónica.

Más allá del “Día del Fuego”: el PDS arde anualmente

Aquí destacamos los principales elementos que provocan el escenario de violencia y degradación, pero sabemos que en un solo texto no es posible mencionar todos los males que existen en el PDS Terra Nossa. Los incendios, la deforestación, la minería y la tala ilegal han sido las principales actividades que producen violencia contra los agricultores y agricultoras, asentados y asentadas de Terra Nossa.

Destacamos el hecho delictivo de gran repercusión nacional e internacional ocurrido entre el 10 y 11 de agosto de 2019, conocido como “Día del Fuego”. De manera organizada y orquestada por ruralistas y ganaderos del norte del país, principalmente del oeste de Pará, se incendiaron varios espacios públicos, en medio de la selva amazónica, con el objetivo de apoderarse de ellos.

El PDS Terra Nossa fue uno de los objetivos de los grileiros, y los incendios destruyeron cultivos, plantaciones, e intimidaron a líderes comunitarios y familias que viven en el asentamiento. Poco tiempo después, varias organizaciones denunciaron que el área quemada fue utilizada para la siembra de soja, y que incluso los políticos locales amenazaron a las familias denunciantes[7].

Notas

Ver: BR-163 em chamas, conflitos e contradições (Comissão Pastoral da Terra, 28/08/2019). Disponible para consulta en la página electrónica. Mesmo após ‘Dia do Fogo’, madeireiros seguem destruindo Amazônia e ameaçando assentados, de Daniel Camargos (Repórter Brasil, 29/10/19). Disponible para consulta en la página electrónica. e Queimadas quadruplicam em assentamento mais incendiado do Pará, de Ciro Barros e Iuri Barcelos (Agência Pública, 27/08/2019). Disponible para consulta en la página electrónica.

Si en 2019 los incendios cobraron protagonismo, es necesario mencionar que el PDS es quemado todos los años cumpliendo la función de limpiar la zona para dar cabida a la soja y amedrentar a las familias campesinas. En 2022, exactamente tres años después del “Día del Fuego”, los mismos delincuentes repitieron la misma acción contra el PDS Terra Nossa, y nuevamente avanzó el ciclo de violaciones contra los residentes. Una carta de solidaridad[8] movilizada por la Comissão Pastoral da Terra y la articulación Agro é Fogo reunió a más de 50 organizaciones que exigieron a las autoridades públicas locales que tomaran medidas para proteger a las familias y combatir los incendios. El caso cobró repercusión nacional y fue reportado en lo principal noticiero televisivo del país[9].

Notas

Carta de solidariedade ao PDS Terra Nossa (13/08/2022). Disponible para consulta en la página electrónica.

PF investiga ação de grileiros para expulsar colonos e derrubar áreas de mata nativa no Pará (Jornal Nacional/TV Globo, 16/08/2022). Ver matéria completa en la página electrónica.

Presión del agronegocio y expansión de la soja

La selva y sus pueblos viven bajo la presión del agronegocio en el sudoeste de Pará: la BR 163 es utilizada como corredor para el flujo de soja, que se produce intensamente en los alrededores del estado de Mato Grosso y que ha avanzado hacia el norte. Así, históricamente, el territorio de la BR 163 es estratégico para el agronegocio y sus aliados locales para atender la demanda del flujo de mercancías a través del río Tapajós.

En la región, está en curso la construcción de toda una infraestructura logística, incluido un complejo portuario, impactando a las comunidades de innumerables maneras. Es evidente que este tramo de la BR 163 en el estado de Pará, que conecta el municipio de Novo Progresso con Itaituba, a orillas del río Tapajós, es estratégico para favorecer los intereses del agronegocio. Por ello, la presión sobre las áreas de bosques y territorios de pueblos y comunidades tradicionales, así como otras áreas de tierras públicas ya designadas (como los asentamientos de reforma agraria) se ha incrementado exponencialmente. ¿Será esta una de las razones por las que el Estado, principalmente a través del Incra, no actúa en la resolución de conflictos en el PDS Terra Nossa?

La expansión de la soja ha invadido[10] áreas del PDS Terra Nossa quemadas en el “Día del Fuego”, continuando anualmente. La siembra de granos, dentro y fuera del asentamiento, ha avanzado luego de los incendios que ocurren todos los años, demostrando que el fuego para la deforestación, acaparamiento ilegal de tierras y territorialización del agronegocio está siendo utilizado con eficacia y sin intervención del Estado. Así, se incrementa paulatinamente la destrucción del territorio y del bosque, se agravan las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los asentados y asentadas de la reforma agraria. El fuego genera un resultado irreversible en muchas áreas dentro del PDS, especialmente en las áreas de preservación, las cuales pierden su sentido de existencia como tal, siendo inmediatamente taladas para convertirse en pastizales y, posteriormente, sembradas con soya o pasto.

Por lo tanto, el escenario de ocupación irregular del PDS Terra Nossa (que sabemos no es una excepción) demuestra la intención del Estado de estar “ausente” en los asentamientos, atestiguada, por un lado, por la demora en la implementación de los créditos agrícolas y en la realización de proyectos de desarrollo de los asentamientos, que garanticen la permanencia y el sustento de las y los asentados en los lotes. Por otro lado, el Incra tampoco ha hecho nada para evitar la venta irregular de lotes, como, por ejemplo, mediante inspección ocupacional y el desalojo de ocupantes irregulares ya debidamente identificados por el organismo, aumentando así cada día los conflictos en el campo.

Frente a eso, asentados y asentadas aún resisten y continúan reclamando sus derechos, a través de la única asociación que mantiene la resistencia, Nova Vitória. Ellos y ellas no miden esfuerzos, arriesgando sus vidas para exigir que las dependencias e instancias correspondientes cumplan con las políticas públicas, además de denunciar delitos ambientales y contra las personas.

Notas

Ver a reportaje: Área incendiada no ‘Dia do Fogo’ foi transformada em plantação de soja, de Daniel Camargos (Repórter Brasil, 08/02/22). Disponible para consulta en la página electrónica.

José Raimundo de Santana es agente de la Comissão Pastoral da Terra Itaituba/PA, abogado y posgraduado en Derecho Minero.

Raione Lima Campos es coordinadora regional de la Comisión Pastoral de la Tierra en Pará, abogada y especialista en Derecho Agrario de la UFG.