Maranhão

CERRADO

La comunidad lucha por la vida y por la vida seguiremos luchando, lucharemos hasta el final.

(Gilberto, quilombola de Cocalinho/MA)

En el este del estado de Maranhão, a 500 km de la capital São Luís y a 44 km de la ciudad de Parnarama (MA), se encuentra el Territorio Quilombola de Cocalinho, en la frontera con el estado de Piauí. Allí viven 180 familias, autodeclaradas quilombolas[1] y reconocidas por la Fundación Cultural Palmares en 2014. El territorio también incluye el quilombo Guerreiro, con 80 familias, que comparten el uso colectivo de la tierra. De acuerdo con los relatos de las familias quilombolas, el proceso de formación del territorio se remonta a finales del siglo XVIII y principios del XIX, con la llegada de personas que huían de la sequía en Ceará y Piauí, llegando a Maranhão y asentándose en estas zonas.

Tras desplazarse por el territorio teniendo que pagar parte de la cosecha a los terratenientes y enfrentándose a la escasez de agua, finalmente se asentaron en las tierras que hoy forman las comunidades quilombolas de Cocalinho y Guerreiro. Esas comunidades estaban más conectadas con las comunidades quilombolas de Tanque da Rodagem y São João, en el vecino municipio de Matões, como parte de un gran territorio quilombola colectivo. Zé de Emília, de la familia de los Cândidos, fue el primero en llegar a este lugar, en 1916. El origen del nombre Cocalinho proviene de las palmeras de coco babaçu. Fue allí donde los quilombolas formaron sus raíces familiares y se establecieron en el territorio, en una tierra sagrada, rica en biodiversidad y en aguas alimentadas por las cuencas hidrográficas de los ríos Parnaíba e Itapecuru.

Notas
Nota de traducción: Las comunidades quilombolas descienden de africanos que fueron esclavizados en Brasil durante la colonización portuguesa y el período del imperio. Resistiendo a la explotación laboral, fundaron comunidades llamadas “quilombos”.

Invasiones

En esta región de área de transición entre el Cerrado y la Amazonía y de muchas tierras que pertenecen al Estado, desde la década de 1980, la llegada de ganaderos ha estimulado el proceso de acaparamiento de tierras, alterando la conformación territorial existente y generando intensos conflictos con las comunidades quilombolas. Con el acaparamiento de tierras, el territorio continuo utilizado por las familias de Cocalinho, Guerreiro, Tanque da Rodagem y São João pasó a ser delimitado y rodeado por el agronegocio, cortado por haciendas, rompiendo su unificación y comprometiendo la libertad de movimiento entre las comunidades y el acceso a las áreas comunes utilizadas para la pesca, el extractivismo y la agricultura. Esto ha reducido las condiciones de permanencia en el territorio.

Como resultado, el territorio se convirtió en un espacio de resistencia y conservación de la sociobiodiversidad, las aguas y los bosques, donde los quilombolas reproducen sus formas de vida, cultura y cultivos.

Las familias cuentan que, desde 1982, personas del estado de Pernambuco llegaron a una gran zona llamada hacienda Crimea[2], donde vivían muchas familias. Desde entonces, los procesos de expulsión de los territorios se han intensificado, como ocurrió con las comunidades de Brejinho, Bebedouro y Cabeceira, expropiadas del lugar en el que vivían -que luego se convirtió en la zona de la Hacienda Normasa. Personas de las familias que fueron expulsadas siguen enterradas dentro de esta Hacienda.

Además de la ganadería, la comunidad se enfrenta a invasiones para la plantación de soja y eucalipto.

Otro proceso de acaparamiento ha sido llevado a cabo por los presuntos propietarios de la hacienda Canabrava I, al menos desde 2002[3], con una superficie de 8,194 hectáreas. Esta misma hacienda fue vendida posteriormente al grupo Suzano Papel e Celulose S/A, por R$ 9.833.130,00, en 2009. A partir de entonces, han aumentado los delitos ambientales y las violaciones de derechos. Ell cementerio de los ancestros fué invadido por la empresa que plantó allí eucaliptos, y la comunidad tubo que organizar otro lugar para enterrar a los familiares.

Además, a medida que se han ido instalando las carboneras en la región, se han devastado más zonas de Cerrado para plantar monocultivos de eucalipto. Con toda esta devastación, las comunidades se ven obligadas a caminar más para llegar a la meseta, donde recogen los frutos del Cerrado, la corteza de las plantas autóctonas, las semillas y las hojas, utilizadas para preparar medicinas por las mujeres, que son las guardianas de este conocimiento ancestral, como nos cuenta la quilombola Maria da Cruz, que pertenece al territorio:

Nací y me crié aquí en Cocalinho y no me voy a ir de aquí, mi familia fue expulsada de Cabeceiras, es el mismo territorio.
Notas
Es necesario y urgente investigar en detalle la cadena de propiedad de las haciendas que se asentaron en el territorio quilombola, para documentar mejor los procesos de acaparamiento de tierras. Las familias dicen que pagaron un alquiler a los supuestos propietarios de la granja de Crimea, que luego fue troceada y vendida.
En los registros del Centro de Documentación Dom Tomás Balduino – CEDOC, de la Comisión Pastoral de la Tierra, hay información sobre el acaparamiento de tierras y los conflictos que involucran a la hacienda Canabrava en el periódico Jornal Pequeno del 14 y 15 de mayo de 2002.

Las mujeres se enfrentan a un largo camino para llegar a las palmeras de babasú bloqueadas por las plantaciones de eucaliptos de Suzano. Tras la colecta, recorren largas cuestas cargando los cocos de babasú hasta la carretera. Desde allí, pagan entre 150 y 200 reales por el transporte hasta sus casas. Después, se unen para procesar el coco: romperlo con un hacha, extraer el aceite y la harina, con la que hacen pasteles, galletas y potajes para alimentar a sus familias. Parte de esta producción, junto con otros alimentos cultivados y extraídos de las mesetas del cerrado, se vende en ferias abiertas y en puntos de venta de la ciudad de Parnarama. Estos espacios de comercialización se vieron fuertemente afectados por la pandemia de coronavirus (COVID 19), lo que agravó la dificultad de obtener ingresos.

Con el avance de la frontera agrícola en Matopiba[4], los impactos socioambientales se han profundizado, especialmente con la llegada de productores de Rio Grande do Sul, São Paulo y Paraguay, que invierten en la producción de soja. En ese contexto, aumentaron la deforestación, los incendios y el uso de pesticidas que envenenan la tierra, el agua, las plantas, los alimentos y los animales.

Rastro de destrucción

Desde 2009, se ha producido una reiterada destrucción de la sociobiodiversidad a causa del fuego del agronegocio que avanza a partir de los monocultivos de eucaliptos y de los pastizales de ganado hacia el territorio. La recurrencia de los incendios a corto plazo deforesta las zonas de meseta, imposibilitando la recuperación de los pastos naturales y de los diversos árboles autóctonos que alimentan a los animales y a las comunidades tradicionales.

Hace años que se denuncian estos ataques contra las comunidades quilombolas Cocalinho y Guerreiro, en Parnarama, Tanque da Rodagem y São João, en Matões. En noviembre de 2014, la Comisión Pastoral de la Tierra/ MA, hizo pública, a través de una nota, la actuación delictiva de la empresa Suzano Papel e Celulose S/A. El contrafuego utilizado por la empresa para protegerse de los incendios suele avanzar sobre las plantaciones campesinas[5].

En el contexto de la pandemia, el agronegocio no ha sido puesto en cuarentena. En 2020, una nueva deforestación seguida de un incendio provocado por la hacienda Canabrava, arrendada desde 2019 por la empresa Suzano Celulose para plantación de soja, golpeó las áreas cultivadas, el matorral, las chapadas y los bosques de la comunidad[6]. La hacienda Normasa avanzó con la apertura de nuevas áreas para la plantación de soja y maíz, utilizando el “correntão” (una gran cadena unida a dos tractores para la supresión de la vegetación) para la tala de árboles nativos, como el pequi, el pau d’arco, el cedro, el jatobá, la palmera babaçu, el buritizeiro y los árboles frutales domésticos, como el mango, el anacardo y el tamarindo. Tras talar los árboles, el hacendado utilizó maquinaria para retirar los tocones y recoger la madera en fardos para facilitar la quema de la zona.

Notas

El este de Maranhão y la parte media de Parnaíba son espacios geográficos de amortiguación para el avance del agronegocio, además de interconectar los corredores de producción de commodities entre el Norte y el Nordeste de Brasil. Esta zona está directamente impactada por el MATOPIBA – la frontera agrícola nacional que comprende una gran área de Cerrado en los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, y que está en el centro de las inversiones de capital nacional e internacional para la expansión del agronegocio y la minería.

Además, la producción de stock de eucaliptos por parte de la empresa Suzano, que abastece a las alfarerías de Teresina/PI y Timón/MA, y la apertura de otras áreas para la plantación de soja por parte de empresas aún no identificadas por la comunidad, continúan agravando la vulnerabilidad de los quilombolas. A todo ello se suma la contaminación por plaguicidas, que se rocían con aviones en las plantaciones de soja, lo que afecta a las casas de la comunidad, los lugares de extractivismo tradicional y los estanques de pesca cercanos a las plantaciones. Durante el periodo de aplicación, los habitantes de la comunidad pasan varios días inhalando el aire con el fuerte olor del veneno rociado en los monocultivos.

La presencia de los “sojeros” también ha destruido los caminos de tierra que dan acceso desde la comunidad a la sede de Parnarama y a las comunidades vecinas. Ha aumentado el flujo de camiones cargados de soja y eucaliptos que salen de la hacienda Canabrava, destruyen la carretera y compiten por el espacio con los vehículos de los residentes, los coches pequeños y las motos; a veces provocando graves accidentes. También hay una interrupción constante de las carreteras locales con escombros de tierra y madera para obstaculizar el paso de las personas para recoger fruta y pescado en los embalses.

A finales de agosto y principios de septiembre de 2020, los incendios iniciados en las haciendas del agronegocio avanzaron hacia el territorio de Cocalinho. El fuego alcanzó los campos de Cerrado con los árboles de cajuí, cajá, pequizeiros, marfim, jatobá, inharé, tingui, sapucaia, jatobá de vaqueiro, açoita cavalo, manacunã, taboca y buriti, e impactó fuertemente en la floración de guabirabas, que se produce a finales de octubre, un importante alimento para las abejas. Aterradoramente, las llamas del fuego se acercaron a las casas, destruyendo los campos de mandioca y maíz, los plantíos y la plantación de anacardo. Como consecuencia, se puso en peligro la venta de alimentos para el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), con 18 familias registradas. También se vio afectada la producción de artesanía de vid y fibras vegetales, como cestas, tamices y escobas, ya que la materia prima utilizada en su fabricación procede de los campos del Cerrado[7].

Los efectos de los incendios sumados a la serie de conflictos, violaciones de derechos, exclusión y amenazas al modo de vida de la comunidad adquieren una proporción devastadora a corto, medio y largo plazo. Con el humo, ha aumentado la incidencia de las enfermedades respiratorias, que afectan especialmente a los niños y a los ancianos con enfermedades cardíacas. Hay relatos de muchos dolores de cabeza en personas adultas. Todo esto sigue afectando a la salud psicológica de las personas, ya que, debido a las tensiones en el territorio, tienen que mantener la vigilancia, cuidando de que el fuego no llegue a sus casas.

A pesar de la gravedad de la situación, no ha habido apoyo de los gobiernos municipal, estatal y federal para combatir los incendios que han afectado al territorio. En los últimos sucesos, en agosto y septiembre de 2020, la comunidad activó el apoyo de las organizaciones aliadas, que se sumaron a una amplia movilización, dando a conocer en las redes sociales el avance del incendio. Debido a la difusión, un equipo del servicio de bomberos llegó al lugar de los focos, pero no atendió las demandas solicitadas por la comunidad.

Negación de derechos territoriales

El proceso de reconocimiento y regularización de tierras por parte del INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agrária) es lento y violento. En 2014, las comunidades de Guerreiro y Cocalinho fueron certificadas como quilombolas por la Fundación Cultural Palmares. En marzo de 2016 se abrió el proceso en el sector de Quilombola del Incra para iniciar la titulación[8]. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha elaborado ninguna pieza del Informe Técnico de Identificación y Delimitación (RTID), sólo las notificaciones a los organismos federales que informan de la apertura del proceso de quilombolas. Desde 2009, con la llegada de Suzano Papel e Celulose, las comunidades quilombolas Cocalinho, Guerreiro, Tanque da Rodagem y São João han sido objeto de repetidos juicios de desalojo solicitados por la empresa[9].

Desde 2010, se encuentra en los tribunales una demanda de recuperación presentada por el ganadero Orlando Costa contra la comunidad quilombola. El proceso se originó en un tribunal estatal, en el Distrito de Parnarama, pero en 2019, tras la acción legal de CPT/MA, la competencia se declinó al Tribunal Federal, donde continúa en la fase de instrucción[10]. La inoperatividad del Incra es la mayor responsable de la inseguridad de la comunidad, ya que, una vez concluido el RTID, el territorio estaría al menos protegido de la amenaza de la desposesión.

Notas
Proceso Nº 54230.004347/2012-99 en el sector Quilombola del Incra.

Informe de la Asesoría Jurídica de CPT Maranhão (2019, en prensa).

Proceso nº 1001860-39.2019.4.01.3702. Ver Jusbrasil. Página 979 del Diário de Justiça do Estado do Maranhão (DJMA) del 4 de diciembre de 2018.

Resistencias

Para fortalecer esta lucha, mujeres, hombres, jóvenes y niños se organizan y articulan con las Guerreiras da Resistencia, en grupos de producción local, en el Movimiento Quilombola de Maranhão (MOQUIBOM), con la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), con la Articulación Nacional de Quilombos (ANQ), con la Teia dos Povos e Comunidades Tradicionais do Maranhão y la Campaña en Defensa del Cerrado[11]. Cocalinho también está comprometida con la lucha contra el racismo ambiental y los conflictos por la tierra, asumiendo una posición de denuncia ante la Defensoría Pública y el Ministerio Público Federal, además de participar en conferencias virtuales en la Internet promovidas por organizaciones asociadas. La comunidad también participa en varias luchas nacionales, como la Campaña Permanente contra los Pesticidas.

La comunidad sigue protegiendo su sabiduría ancestral, involucrada en procesos de fortalecimiento de su identidad, autonomía, organización y resistencia en defensa del buen vivir. Fortalecen su cultura con sus cantos y bailes, como el Lili y la quadrilha junina, con juegos como Caretas y Baião, y se revitalizan con los cantos relacionados con el trabajo y la valorización del oficio de curanderos.

La resistencia también se materializa en el cuidado del territorio y en la defensa de la soberanía alimentaria con la conservación de las semillas autóctonas, manteniendo el conocimiento ancestral del uso de la ceniza o la carne ahumada en un asador. Además, la comunidad desarrolla su propia estrategia de comunicación popular, como forma de denunciar la violencia y anunciar los tiempos de abundancia. Otra acción muy importante es la vigilancia del territorio realizada por las familias. El trabajo colectivo reforzado por los mutirões (proyectos comunitarios de trabajo) aviva la solidaridad y ayuda a combatir los incendios.

Leandro dos Santos, líder quilombola del Territorio Cocalinho, en Parnarama/MA, y comunicador popular, escribió el caso con la colaboración de la Comisión Pastoral de la Tierra/MA