El territorio, hasta entonces de uso común, comenzó a sufrir intensas transformaciones con la regularización de los títulos de propiedad llevada a cabo al final de la dictadura militar. Por tratarse de una Tierra Federal, dentro de los 100 km de la Carretera Federal BR 153, en 1984, el Grupo Ejecutivo de Tierras de Araguaia-Tocantins (GETAT) administro el área correspondiente a 17.735 hectáreas. Pero sólo tituló 5.779 hectáreas en forma de parcelas individuales, dejando 11.956,0196 hectáreas de tierras federales ocupadas por familias que no tenían acceso al título. El proceso de recogida de la zona se produjo sin el conocimiento de la mayoría de las personas que vivían y trabajaban allí.
Las numerosas familias que no tenían sus tierras tituladas eran vulnerables al ambicioso plan de acaparamiento de tierras iniciado en 1992 por Emilio Binotto y su familia. E incluso en el caso de las familias que tenían sus áreas regularizadas, la titulación, que podría ser una forma de garantía de la permanencia de las familias en la tierra, no sólo no la garantizaba, sino que, por el contrario, facilitaba que el acaparador presionara individualmente a cada propietario para que vendiera sus tierras. Esto significó la llegada de la Inquietud para las familias, que relatan que cuando los Binotto aparecieron en la región, ya traían varias máquinas para trabajar la tierra, y apenas lograron expulsar al primer habitante, comenzaron a deforestar para plantar soja.
A partir de entonces, se empezó a presionar a los residentes con título, incluso con el uso de la violencia, como la quema de casas y la matanza de animales. Asustadas, muchas familias vendieron sus tierras al acaparador, quien, con la posesión de algunos títulos, rodeó otros espacios públicos que estaban ocupados por antiguos ocupantes. El malestar de las familias no sólo está relacionado con la violencia física, patrimonial y moral, sino sobre todo con la violencia cultural, que se practica contra sus formas de vida. Desde la llegada de este grupo, las comunidades han visto destruidos sus espacios sagrados, como, por ejemplo, ocho cementerios interferidos violentamente por la plantación de soja.
En 2004, los Binotto solicitaron al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) la regularización de siete áreas, cada una a nombre de un miembro diferente de la familia. La táctica utilizada en el acaparamiento de tierras fue fragmentar las 11.000 hectáreas de tierra que el GETAT había dejado de titular a las familias campesinas. Sin éxito en la primera solicitud, en 2010, poco después de la creación del Programa de Tierras Legales y con las nuevas leyes de regularización de títulos de propiedad, la familia Binotto volvió a solicitar la regularización de las tierras que habían adquirido mediante la ocupación ilegal. Esta vez, fragmentando las 11.000 hectáreas en 14 lotes para personas vinculadas a la familia, ampliando el consorcio de acaparadores de tierras.
En 2007, las familias campesinas registraron ante la Oficina Nacional del Defensor del Pueblo Agrario (OAN) la primera denuncia de acaparamiento de tierras, deforestación y amenazas por parte de la familia Binotto. En 2008, tras inspeccionar Tauá, el INCRA abrió un proceso administrativo para la regularización de las tierras de los ocupantes tradicionales y la creación de asentamientos. Pero, sólo en 2015, después de mucha presión por parte de las familias y de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) Araguaia-Tocantins, con denuncias frente al Ministerio Público Federal (MPF), a la Defensoría del Pueblo Agraria Nacional y Regional, a la Superintendencia Nacional de Regularización de Tierras en la Amazonía Legal (SRFA-9) -vinculada al Programa Tierra Legal- y a la Asesoría General de la Unión (AGU), se negaron todas las exigencias de regularización de tierras de los acaparadores de tierras. Las 14 zonas reclamadas por los acaparadores de tierras fueron desafectadas y puestas a disposición para la regularización de los títulos de propiedad de los ocupantes tradicionales y la ejecución de proyectos de asentamiento para las familias ocupantes.
Sin embargo, en 2016, después de todas las acciones y movilizaciones que demostraron el acaparamiento de tierras, el juez del Distrito de Goiatins emitió una orden de desalojo contra las familias y los ocupantes. En 2019, una decisión de la Justicia Federal determinó que el INCRA debía proceder con el proceso de regularización de tierras para 4 familias ocupantes, pero en otra acción presentada por los Binotto contra las familias ocupantes, la Justicia reconoció el derecho de posesión de una de las 14 áreas a los acaparadores, siendo esta una de las áreas de asentamiento de las familias ocupantes. En concreto, hubo avances en los procesos administrativos y judiciales a favor de las comunidades, pero las decisiones tuvieron poco efecto para garantizar la seguridad de las familias y evitar la destrucción ambiental en Tauá. Actualmente, en Tauá viven más de 100 familias, entre las que se encuentran campesinos ocupantes que exigen la regularización de sus títulos de propiedad (20 familias); ocupantes que exigen la reforma agraria (60 familias); y campesinos tradicionales con tierras tituladas (más de 30 familias).
Notas
Casa é destruída por fogo em conflitos na Gleba Tauá. En: G1.; Websérie (R)Existências no Cerrado: Comunidade Tauá–Tocantins. CESE, 13/07/2020.
Las familias campesinas siguen resistiendo y luchando por la tierra, produciendo alimentos diversificados, a pesar de estar rodeadas de plantaciones de soja y confinadas en pequeñas áreas de tierra de menos de 5 hectáreas. Desarrollan la producción de alimentos a través de la roza y quema y los patios productivos. En las roza y quema se cultiva yuca, maíz, frijoles trepadores, habas, calabazas, arroz y sandía, entre otros alimentos.
Desde los patios productivos, que son pequeñas áreas alrededor de la casa, las mujeres pueden alimentar y cuidar a la familia con huertos, cría de pollos, cerdos y patos, y cultivo de hierbas medicinales, frutas y yuca; y generar ingresos mediante la comercialización de pollos y huevos de granja, la venta de masa de puba y de yuca en polvo. También es el lugar donde se encuentran las fábricas de procesamiento de harina de yuca y arroz. Los patios de las familias son de aproximadamente 2,5 hectáreas y es en esta pequeña superficie donde producen el sustento familiar.
Valéria Pereira Santos es una activista de la Comisión Pastoral de la Tierra del Cerrado
Vinícius Gomes de Aguiar es profesor e investigador del Centro de Investigación y Extensión en Conocimientos y Prácticas Agroecológicas – NEUZA/UFT/UFNT
Dernival Venâncio Ramos Junior es profesor e investigador del Centro de Investigación y Extensión en Conocimientos y Prácticas Agroecológicas – NEUZA/UFT/UFNT
Pedro Antônio Ribeiro es agente de la Comisión Pastoral de la Tierra de Araguaia -Tocantins
Valdineiz Pereira dos Santos es un líder de la Comunidad Tauá